La Policía de San Juan y la Justicia provincial investigan la desaparición de más de 100 armas de fuego de un lote de 500 pistolas adquirido en agosto de 2022. El caso abrió una revisión sobre los mecanismos de control, resguardo y trazabilidad del armamento dentro de la fuerza. También dejó en marcha dos carriles de actuación: uno administrativo y otro judicial.
En ese marco, Damián Villavicencio, subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, se refirió a las actuaciones iniciadas para determinar qué ocurrió con el armamento. La información difundida indica que alrededor de 25 efectivos policiales quedaron bajo investigación administrativa por su vinculación con la División Armamento. Esa instancia busca establecer si hubo incumplimientos internos, fallas de control o irregularidades en la custodia.
En paralelo, la Jefatura de Policía presentó una denuncia ante la UFI Delitos Especiales, que quedó a cargo de la investigación penal. La intervención judicial deberá precisar si los hechos encuadran en delitos y, en caso afirmativo, identificar eventuales responsabilidades. Hasta el momento, no se informó públicamente quiénes serían los responsables del faltante ni se atribuyó una conducta delictiva a los efectivos alcanzados por la pesquisa administrativa.
Un hallazgo en Salta
Uno de los elementos que dio mayor impulso al expediente fue el hallazgo de una pistola calibre 9 milímetros en la provincia de Salta, durante un procedimiento vinculado con una investigación por narcotráfico. Según la información disponible, esa arma sería parte del lote adquirido por la fuerza sanjuanina. A partir de ese dato, los investigadores buscan reconstruir el recorrido del arma y determinar cómo salió de la órbita de custodia oficial.
Próximos pasos
Las actuaciones apuntan ahora a establecer la cantidad exacta de pistolas faltantes, reconstruir la cadena de custodia desde la compra y la distribución, y definir en qué tramo se produjo la pérdida de control del armamento. La causa administrativa y la penal avanzan de manera paralela, con resultados que podrían derivar en sanciones internas o en eventuales imputaciones, según lo que determinen los investigadores. Por ahora, el dato central que sigue bajo revisión es el destino de las armas y el alcance real del faltante detectado en la fuerza.
