La causa por la presunta defraudación vinculada a Branka Motors tuvo este martes una definición en los tribunales sanjuaninos. La jueza de Garantías Ana Carolina Parra homologó el juicio abreviado acordado entre la Fiscalía y las defensas y fijó una condena de cinco años de prisión efectiva para Facundo Banega, Alexis Marcó y Jonatan Marcó. La decisión cerró la discusión penal en esta instancia, aunque no resolvió el reclamo patrimonial de las personas que dijeron haber sido perjudicadas.
El expediente incorporó 365 damnificados y una denuncia ampliada que elevó el perjuicio calculado a $573 millones. Según la acusación, la operatoria consistía en ofrecer motocicletas a valores por debajo de los precios habituales del mercado, lo que atrajo a compradores y derivó después en incumplimientos de entrega. La dimensión económica y la cantidad de afectados explican el alcance que tomó la investigación dentro del sistema penal acusatorio de San Juan.
La hipótesis fiscal
La Fiscalía, encabezada en este expediente por el fiscal Guillermo Heredia, sostuvo que detrás de las operaciones existía un mecanismo de características similares a un esquema Ponzi, es decir, una estructura en la que los fondos aportados por nuevos clientes permitían afrontar compromisos previos. Esa calificación formó parte de la acusación y no de una comprobación autónoma de la sentencia, que quedó limitada a la homologación del acuerdo entre las partes. En ese marco, la resolución judicial no incluyó una reparación económica para los damnificados.
Ese punto fue el principal motivo de objeción de las querellas, que se habían pronunciado en contra del juicio abreviado. El desacuerdo se centró en que la condena penal no resolvía la restitución de los fondos reclamados por quienes denunciaron haber perdido dinero. Con la homologación, ese reclamo deberá canalizarse por la vía civil, ya que no quedó incorporado al acuerdo penal aprobado por la magistrada.
Antecedente de reparación frustrada
La definición de este martes tuvo como antecedente un intento previo de reparación que no llegó a concretarse. Meses atrás, los acusados habían presentado una propuesta para devolver el dinero a los damnificados mediante un esquema de pagos, con un compromiso de cancelar los $524 millones reclamados en ese momento en varias cuotas dentro de un plazo determinado. Sin embargo, el primer desembolso no se realizó y ese incumplimiento dejó sin efecto el acuerdo inicial.
Después de ese fracaso, la Fiscalía pidió continuar con el proceso penal. En una audiencia realizada el 8 de mayo, la jueza Parra dispuso la prisión preventiva de los tres imputados por cinco meses mientras avanzaba la investigación. Con la homologación del juicio abreviado, Banega, Alexis Marcó y Jonatan Marcó quedaron condenados a cinco años de prisión efectiva cada uno. La causa queda cerrada en sede penal, pero el conflicto por la recuperación del dinero seguirá en otros tribunales.
Qué queda pendiente
La sentencia no contempla un mecanismo de devolución para los afectados, por lo que el tramo económico del caso seguirá abierto. La vía civil aparece ahora como el ámbito para discutir la restitución de los fondos, mientras la condena penal ya quedó homologada. El expediente, que se convirtió en una de las investigaciones por estafa de mayor impacto desde la implementación del sistema acusatorio en San Juan, deja así un antecedente penal definido y una controversia patrimonial todavía sin resolver.
