La investigación por la presunta estafa vinculada a Global Market sigue sin resolución sobre qué fuero deberá intervenir y la causa permanece en una instancia de indefinición. Según explicó el abogado que representa a víctimas, la Justicia provincial se declaró incompetente y ahora la Justicia Federal debe decidir si acepta la competencia. El planteo lleva casi dos meses sin una definición, en un expediente que involucra a cientos de personas que dicen haber sido perjudicadas.
Montos en discusión
Uno de los reclamos centrales de los damnificados está vinculado con el paso del tiempo y con la posibilidad de recuperar el dinero presuntamente perdido. De acuerdo con lo señalado por el abogado, inicialmente se denunciaron perjuicios por alrededor de $4.000 millones, aunque anticipó que podrían presentarse nuevas denuncias y que ese monto incluso podría duplicarse. Esa cifra, sin embargo, corresponde a lo expresado por la defensa de las víctimas y no a una determinación judicial firme.
Sin imputaciones formales
Otro de los puntos cuestionados por las víctimas es que, hasta el momento, no existen personas formalmente imputadas por un delito, según indicó el letrado. La Justicia provincial había dispuesto como medida la prohibición de salir de la provincia y del país para las personas vinculadas al caso. El abogado sostuvo que algunos de sus clientes aseguran haber visto a esas personas circulando normalmente por San Juan, y también cuestionó que no se hayan adoptado otras medidas coercitivas durante el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación.
La maniobra denunciada
De acuerdo con el relato expuesto en la entrevista, algunas de las víctimas advirtieron el presunto fraude cuando el dinero invertido en cuentas comitentes vinculadas al mercado de capitales comenzó a desaparecer progresivamente. El representante de los damnificados afirmó que algunas personas no detectaron de inmediato la maniobra, mientras que otras empezaron a sospechar al observar movimientos y pérdidas en sus cuentas. También sostuvo que un fiscal de la Justicia provincial había descripto oportunamente la presunta operatoria, aunque después la causa quedó condicionada por la discusión sobre la competencia judicial.
Lo que puede pasar ahora
El principal interrogante es si la Justicia Federal aceptará la competencia. Si eso ocurre, la querella y eventualmente el Ministerio Público Fiscal Federal podrían pedir nuevas medidas dentro de la investigación, entre ellas medidas coercitivas más severas, incluida una eventual detención preventiva, aunque eso dependerá del criterio del juez competente y de los elementos incorporados al expediente. Si la Justicia Federal también se declara incompetente, la causa podría continuar en una situación de indefinición hasta que se determine de manera definitiva qué tribunal debe intervenir.
Mientras tanto, las víctimas mantienen el reclamo por una respuesta judicial y advierten que el paso del tiempo puede dificultar la recuperación del dinero presuntamente perdido. La variable inmediata es la definición sobre competencia, que condiciona cualquier avance posterior en medidas, eventuales imputaciones y en el curso procesal de la investigación.
