El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) redujo de hasta dos años a 30 días el tiempo para evaluar las áreas mineras que ofrece a las empresas. La presidenta del organismo, Natalia Marchese, informó que el cambio apunta a dar previsibilidad a las compañías interesadas en explorar en San Juan.
La funcionaria vinculó la modificación con una decisión de la gestión del gobernador Marcelo Orrego, orientada a mejorar la seguridad jurídica para los proyectos mineros. Según explicó, el objetivo es que las empresas conozcan con antelación el plazo de respuesta antes de avanzar con inversiones. Marchese precisó que el nuevo término corresponde a la evaluación técnica del instituto y no a la inscripción definitiva de los derechos mineros, que depende de una resolución del Consejo Minero.
Más licitaciones Marchese señaló que, desde la creación del IPEEM en 1989, se realizaron 19 licitaciones de áreas mineras. De ese total, 9 se concretaron durante la actual gestión provincial, según dijo en declaraciones televisivas. El organismo interviene sobre derechos mineros que quedan libres, por ejemplo cuando una empresa deja de pagar el canon o incumple los trabajos comprometidos.
Una vez que esas áreas pasan al instituto, se convocan licitaciones públicas para que otras compañías las exploren. Actualmente, el IPEEM mantiene contratos en más de 20 proyectos, varios de ellos en zonas cercanas a Veladero, Los Azules, Vicuña, Hualilán y Altar. La funcionaria sostuvo que hay interés de empresas extranjeras y argentinas, y mencionó presentaciones de firmas canadienses en las últimas convocatorias.
Costos y control Marchese agregó que todavía no se presentó ninguna empresa sanjuanina con capacidad para afrontar este tipo de inversión. Indicó además que una exploración básica puede costar entre 200.000 y 1 millón de dólares, de acuerdo con la superficie y los estudios previos disponibles. Para seleccionar adjudicatarios, el IPEEM primero revisa la capacidad técnica, legal y financiera de cada oferente y luego evalúa la propuesta económica y el plan de trabajo.
En caso de incumplimiento, el organismo notifica a la empresa y puede aplicar una multa; si la situación persiste, debe devolver el área. Marchese afirmó que hasta ahora no fue necesario quitarle un área a ninguna compañía por esa vía, aunque algunas la restituyeron por decisión propia al considerar que el proyecto no era viable. El dato relevante para el sector es que el nuevo esquema acorta los plazos administrativos y redefine el ritmo de ingreso de proyectos a evaluación en la provincia.
