El Gobierno de San Juan advirtió que aplicará sanciones a las empresas de transporte por la paralización del servicio de colectivos y vinculó la medida con un reclamo salarial de la UTA. El secretario de Transporte, Marcelo Molina, sostuvo que no existió una comunicación formal previa sobre el paro y que la prestación debe restituirse. La definición abre un frente administrativo sobre eventuales incumplimientos de las concesionarias y sobre la continuidad del servicio para los usuarios.
Planteo oficial
Molina calificó la medida como “intempestiva” y afirmó que el gremio no notificó de manera oficial ni a la Secretaría de Transporte ni a la Subsecretaría de Trabajo. Según su exposición, la organización sindical reclama una diferencia salarial vinculada con un acuerdo homologado a nivel nacional, pero ese planteo no habilitaría, por sí solo, la interrupción del servicio sin seguir los procedimientos previstos. El funcionario afirmó además que “el gremio está en el incumplimiento completo de la ley”.
Alcance del conflicto
El secretario señaló que la interrupción afecta de manera directa a quienes utilizan el transporte público a diario y remarcó que el reclamo debe tramitarse sin perjudicar a terceros. También indicó que la UTA atraviesa un proceso electoral interno, un dato que, según su análisis, forma parte del contexto en el que se tomó la decisión de avanzar con la medida de fuerza. En paralelo, dijo que durante la jornada anterior circuló un comunicado con advertencias sobre posibles acciones sorpresivas, aunque sin horarios ni notificación formal.
Responsabilidad administrativa
Molina explicó que la relación directa de la Secretaría de Transporte es con las empresas concesionarias y no con el sindicato, por lo que las eventuales sanciones se aplican sobre las prestatarias del servicio. En ese marco, confirmó que corresponde una multa por la no prestación del servicio, aunque aclaró que el monto dependerá de los parámetros que se evalúen en cada caso. También sostuvo que deberá analizarse si hubo choferes que se presentaron a trabajar y no pudieron sacar las unidades, situación que, de comprobarse, modificaría la evaluación administrativa.
Próximos pasos
El funcionario indicó que la Subsecretaría de Trabajo deberá intervenir dentro de sus competencias y evaluar herramientas como la conciliación obligatoria para intentar destrabar el conflicto. Mientras tanto, el Gobierno mantiene abierto el diálogo con las empresas y sostiene que el servicio debe restituirse cuanto antes. Molina advirtió que, si no existió comunicación formal, la medida “es totalmente ilegal” y que quienes la dispusieron deberán afrontar las consecuencias previstas por la normativa vigente.