El director de Obra Social Provincia (OSP), Rodolfo Fasoli, advirtió que la sostenibilidad del sistema de salud está bajo presión por el aumento del gasto médico y el nivel de los aportes de los afiliados. Lo hizo tras representar a San Juan en el Congreso del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), que reunió a representantes de las 24 jurisdicciones, funcionarios nacionales y autoridades del área de Salud.
En una entrevista con Radio Mil20, Fasoli señaló que uno de los consensos del encuentro fue la necesidad de equilibrar la incorporación de nuevas tecnologías médicas con una administración más eficiente de los recursos disponibles. “Cuando nosotros tenemos innovación sin una política de Estado, ahí se genera un gasto excesivo. Pero si también tenemos política de Estado y no hay innovación, hay un atraso”, afirmó. Según su planteo, el desafío pasa por sostener el acceso a los avances médicos sin comprometer el funcionamiento de las obras sociales.
Medicamentos y evaluación sanitaria
Uno de los ejes de la entrevista fue el costo de determinados medicamentos y tratamientos. Fasoli mencionó productos cuyo valor puede alcanzar entre 150 y 200 millones de pesos y sostuvo que es necesario reforzar los controles sobre las prescripciones y las tecnologías que se incorporan al sistema. “Hay que hacer una evaluación de tecnología sanitaria para garantizar la evidencia médica del resultado que ofrecen ciertas prácticas”, explicó. Esa evaluación, indicó, permite determinar si un medicamento o procedimiento ofrece beneficios comprobados y si existen alternativas terapéuticas con resultados similares a menor costo.
El director de OSP agregó que San Juan todavía no cuenta con una agencia propia de evaluación de tecnología sanitaria y que una de las referencias más cercanas está en Mendoza. También señaló que, en el caso de medicamentos biológicos, la aparición de productos biosimilares permitió reducir precios de manera significativa. Según detalló, la obra social obtiene en algunos casos descuentos superiores al 70% e incluso de hasta el 98% mediante negociaciones con droguerías.
Fasoli sostuvo que la prioridad debe ser garantizar la cobertura para el conjunto de los afiliados y evitar que los recursos se comprometan en tratamientos o productos cuya eficacia no esté suficientemente respaldada. En ese marco, vinculó la discusión sanitaria con la necesidad de ordenar el gasto y de establecer criterios comunes para la incorporación de prácticas de alto costo.
Ingresos, afiliados y prestadores
Otro tramo de la entrevista estuvo centrado en la situación financiera de la obra social. Fasoli indicó que OSP cuenta con alrededor de 160.000 afiliados y que sus ingresos dependen principalmente de los aportes de ese universo. Según explicó, mientras salarios y aportes evolucionan a un ritmo limitado, los costos de la atención médica y los medicamentos continúan aumentando, lo que afecta la capacidad de financiamiento.
“Si ese aporte se mantiene fijo, pero el gasto es infinito, la sostenibilidad del sistema está en riesgo”, afirmó. En ese contexto, remarcó el peso de la entidad dentro del sistema sanitario privado provincial y advirtió sobre las consecuencias de un eventual desfinanciamiento: “No hay clínica en San Juan que pueda sobrevivir sin Obra Social Provincia”. De acuerdo con los números que aportó, la obra social representa entre el 60% y el 70% de los ingresos de las clínicas sanjuaninas.
Cartilla docente y cobertura
Fasoli también fue consultado por la cartilla sanitaria exigida a los docentes en el proceso de titularización, en particular por estudios como la fibrolaringoscopia. Explicó que OSP no financia esas prácticas cuando forman parte de un requisito administrativo para el ingreso o la titularización laboral, y sostuvo que tampoco corresponde que otros financiadores asuman esos costos. “La cartilla sanitaria es un requisito para el ingreso laboral”, señaló.
El funcionario agregó que esos gastos no están contemplados dentro de la planificación financiera de la obra social. Planteó, además, que si la entidad debiera hacerse cargo de todos los estudios exigidos por normativas laborales o campañas de prevención, tendría que reasignar recursos que hoy se destinan a tratamientos y medicamentos de sus afiliados. “Si la obra social asume el pago de esas prácticas, hay algo que tiene que dejar de pagar. Y la pregunta es: ¿qué dejamos de pagar? ¿La insulina para un paciente diabético porque el recurso no alcanza?”, ejemplificó.
Fasoli cerró con una referencia al trabajo realizado en COSSPRA y a la necesidad de avanzar hacia un sistema más eficiente, con criterios comunes en todo el país. En ese esquema, la variable que seguirá en discusión es cómo compatibilizar cobertura, control del gasto y financiamiento en un contexto de costos crecientes y recursos limitados.
