El endeudamiento se consolidó como una de las principales consultas que recibe la Defensoría del Pueblo de San Juan y, según su titular, Florencia Peñaloza, los reclamos vinculados con bancos, tarjetas de crédito y entidades financieras encabezaron los pedidos de asesoramiento durante los primeros ocho meses del año. La funcionaria lo expuso en una entrevista con Radio Mil20, donde señaló que el organismo profundizó el análisis a través de su Observatorio de Derechos Humanos. En ese marco, el tema dejó de ser solo una demanda individual para convertirse en un problema con impacto social y económico más amplio.
Los datos del relevamiento indican que el 76% de los sanjuaninos consultados estaría endeudado. Dentro de ese universo, alrededor del 60% recurriría al crédito para cubrir gastos de subsistencia, como alimentación, vivienda y pago de servicios. Además, el 70% de las personas endeudadas tendría compromisos dentro del sistema financiero, según la información difundida por la Defensoría. La lectura del organismo es que el fenómeno excede el uso ocasional del crédito y alcanza necesidades básicas de los hogares.
Presión sobre los ingresos El 64% de los sanjuaninos utilizaría más del 50% de su sueldo para pagar deudas, de acuerdo con el relevamiento citado por Peñaloza. La funcionaria sostuvo que eso deja a muchas familias con menos de la mitad de sus ingresos disponibles para afrontar los gastos del mes. También planteó que el endeudamiento puede derivar en una “espiral” que afecta la dignidad, el proyecto de vida y la salud mental. En términos prácticos, la carga financiera aparece como un condicionante del consumo y de la capacidad de sostener obligaciones corrientes.
Reclamos y controles La Defensoría indicó que parte de las consultas se relaciona con el funcionamiento de los créditos y las tarjetas de crédito, y Peñaloza remarcó la necesidad de conocer tasas de interés, costo financiero y condiciones de los préstamos antes de aceptarlos. También afirmó que el organismo intervino ante situaciones vinculadas con el cobro de intereses punitorios y planteó la necesidad de reforzar los controles sobre entidades bancarias, financieras y crediticias. En esa línea, mencionó pedidos al Banco Central para establecer controles sobre las tasas y eventuales topes máximos. Además, recordó que la Defensoría intimó a Naturgy para que otorgue planes de pago y opciones de financiación para sectores vulnerables.
Educación financiera y riesgos digitales Frente a ese escenario, el organismo impulsa el programa “Antes de Firmar”, una propuesta de educación financiera dirigida a jóvenes y adultos mayores. El objetivo es brindar herramientas para comprender las condiciones de créditos y operaciones bancarias antes de aceptarlas, según explicó Peñaloza. La funcionaria también advirtió sobre la facilidad para acceder a nuevos préstamos mediante plataformas digitales y relató el caso de un sanjuanino que, al terminar un crédito, recibió una oferta de un préstamo preaprobado. Como cierre de la agenda que describió la Defensoría, mencionó la ludopatía entre jóvenes y las estafas que afectan a adultos mayores, y subrayó la necesidad de que los bancos mantengan atención humana para jubilados y pensionados.
