La reactivación del sector minero en la provincia de San Juan plantea un escenario de alta exigencia para el campo de la agrimensura y la topografía. Ante este panorama, el presidente del Colegio de Agrimensores de San Juan, Francisco Girbert, compartió un diagnóstico sobre la realidad que atraviesa la profesión, destacando que "tenemos todos una expectativa de que la demanda va a superar a la oferta de profesionales".
Esta escasez se inserta en una problemática de alcance nacional. Según indicó el dirigente, la federación nacional de la especialidad se encuentra promoviendo nuevas carreras de agrimensura en distintas provincias para responder al déficit de profesionales a nivel país. No obstante, en el plano local sanjuanino, Girbert precisó que la demanda actual de la agrimensura legal —la actividad que realiza la mayoría de los profesionales— se encuentra cubierta, aunque el escenario cambiará de forma drástica con el impulso de la actividad extractiva: "en el área minera se está empezando a ver un movimiento que va a exigir agrimensores".
El desafío topográfico: lecciones del auge minero y la falta de certificación
Una de las distinciones centrales que remarca el titular del Colegio de Agrimensores es que la mayor presión laboral no se concentrará únicamente en la ingeniería general, sino en la ejecución técnica en el terreno. Según explicó Girbert, "la exigencia de nuestro trabajo va a pasar mucho por el área topográfica", agregando que "la demanda va a pasar por topógrafos, por gente preparada para hacer los trabajos de topografía, y eso no sé si está tan cubierto".
Esta problemática remite a antecedentes históricos en la provincia, durante la etapa de construcción del proyecto Veladero hace más de dos décadas. En aquel momento de apogeo, la intensa necesidad de tareas topográficas generó una distorsión en el mercado educativo y laboral: "muchos de los estudiantes de Agrimensura eran captados por las empresas para trabajar arriba y salían sin recibirse, sin un título o un papel que dijera que están acreditados para hacer ese trabajo".
Como consecuencia, numerosos trabajadores continuaron desempeñándose como prácticos o con formación universitaria incompleta pero sin certificación oficial. Si bien la demanda se moderó en los años posteriores —periodo en el que la actividad minera local se redujo primero a tres proyectos y luego a solo dos—, el repunte previsto para los próximos años volvió a encender las alarmas sobre la necesidad de contar con acreditación formal para el desempeño topográfico.
La respuesta académica y la duración de las carreras
Frente al reclamo sostenido del sector y anticipando la demanda que se comenzó a vislumbrar hace tres años, la universidad puso en marcha la carrera de Topografía. Girbert remarcó la importancia de contar con esta titulación técnica y enfocada: "dada la demanda que se va a venir de topógrafos, consideramos que es necesario achicar ese tiempo y que por lo menos la persona esté certificada por la universidad".
Consultado sobre si resultaría conveniente acortar la carrera de Ingeniería en Agrimensura en sí, el titular del colegio profesional desestimó esa opción, aclarando que la ingeniería debe conservar su programa integral para capacitar al profesional en todos sus ámbitos de ejercicio. Sin embargo, ratificó que la creación de titulaciones técnicas específicas de menor duración constituye la alternativa adecuada para certificar competencias de manera ágil y responder a las urgencias de la industria minera.
Alerta por la burocracia estatal: "Estamos muy preocupados"
Más allá de la formación de recursos humanos, el presidente del Colegio de Agrimensores encendió una severa advertencia sobre el funcionamiento de los organismos públicos y la extensión de los plazos administrativos.
Girbert manifestó su profunda inquietud respecto a los cuellos de botella en la esfera estatal, señalando que "hoy nos encontramos con una realidad que si no se ajusta en la parte pública, achicando y desburocratizando procedimientos, no la vamos a cumplir; estamos muy preocupados por eso".
Al respecto, el referente detalló que existen expedientes y trámites administrativos que llegan a demorarse entre dos y tres años. Para graficar el impacto negativo de estas demoras sobre el desarrollo económico, Girbert planteó: "Imagínese una persona que venga a proyectar algo con una inversión millonaria que se encuentre con la parálisis de dos años de trámite en Hidráulica".
Finalmente, el profesional concluyó reafirmando la necesidad de que el sector privado continúe optimizando sus procesos, pero enfatizó que la desburocratización del Estado resulta indispensable para concretar los proyectos proyectados: "si la parte pública no entiende que hay que desburocratizar, no vamos a alcanzar a cumplir".
