La causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo planteo entre la Justicia provincial y el fuero federal. A pocos días de la audiencia prevista para exponer los cargos contra los investigados, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 volvió a pedir precisiones sobre el estado y el objeto del expediente.
El requerimiento fue realizado por el tribunal subrogado por el juez Daniel Rafecas y estuvo dirigido a la jueza de Garantías de San Juan, Mónica Lucero. A través de un pedido de pronto despacho, la Justicia Federal busca que el fuero provincial certifique cuál es el encuadre definitivo de la investigación. Ese punto es central porque define qué jurisdicción debe continuar con el trámite judicial.
El planteo se da en medio de los cuestionamientos de las defensas, que sostienen que la causa debería tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py, debido a que la obra fue financiada en gran medida con fondos del Estado nacional. Uno de los primeros en impulsar esa objeción fue el equipo defensor del expresidente de OSSE, Sergio Ruiz, quien cuestionó la competencia de la Justicia provincial para investigar el caso.
La disputa por la competencia
La insistencia del fuero federal llegó después de que el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Sebastián Gómez, rechazara inicialmente remitir documentación técnica sobre la investigación. Según explicó entonces, el secreto procesal y la falta de formalización impedían entregar detalles del expediente sin afectar las garantías constitucionales de las partes involucradas. Con ese antecedente, el nuevo pedido vuelve a poner en discusión el alcance de la investigación y el tribunal que deberá intervenir.
Audiencia prevista para el 10 de noviembre
Mientras continúa esa controversia, la investigación provincial tiene prevista una audiencia clave para el martes 10 de noviembre en la Sala N.º 9 de Tribunales. Allí fueron citadas las 11 personas investigadas, entre ellas el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino, exdirectivos de la empresa estatal OSSE y ejecutivos de la firma proveedora Krah América Latina. La convocatoria se hará después de que una primera audiencia debiera reprogramarse.
En esa instancia, la jueza Mónica Lucero había rechazado que los legisladores participaran de manera remota mediante videollamada. La causa llega así a una definición procesal relevante, con dos cuestiones abiertas: la discusión sobre qué fuero debe llevar adelante la investigación y la audiencia en la que se conocerán formalmente los cargos contra las personas citadas.
