El Ministerio Público de Paraguay inició ayer una investigación penal contra el exfiscal general Emiliano Rolón por la presunta frustración de la persecución y ejecución penal vinculada a las actuaciones sobre el intervenido Ueno Bank.
La causa se abrió en el marco de las pesquisas por el caso financiero que, según el texto difundido, ya derivó en la destitución mediante juicio político y posterior detención preventiva del expresidente Santiago Peña. La referencia a esos antecedentes ubica el expediente en una crisis institucional de alcance político y judicial. En ese contexto, la nueva investigación agrega un capítulo sobre la actuación del exjefe del Ministerio Público.
La decisión fiscal se conoció pocas horas después de que Rolón acudiera ante la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas para alertar sobre un presunto lawfare, es decir, persecución jurídica, en su contra. Esa presentación internacional fue acompañada por planteos sobre eventuales represalias institucionales y una persecución penal impulsada por motivaciones políticas y mediáticas. El exfuncionario pidió seguimiento internacional y solicitó que se exhorte al Estado paraguayo a resguardar el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia fiscal.
Renuncia y pedido político El exjefe del Ministerio Público había presentado su renuncia el martes pasado, luego de que un grupo de legisladores impulsara un pedido de juicio político por su manejo del expediente de Ueno Bank y las denuncias asociadas al caso. Ese movimiento parlamentario antecedió a la apertura de la investigación penal y muestra que la disputa excede el plano estrictamente judicial. La secuencia deja abierta la evolución de eventuales responsabilidades administrativas, políticas y penales.
Equipo fiscal Para llevar adelante las diligencias contra el exfiscal general, el Ministerio Público designó a los agentes fiscales Francisco Santacruz, Julio Ortiz y Juan Guerrero. Los tres desempeñan funciones en Asunción, desde donde se tramitará la causa abierta tras la crisis institucional desatada en torno a la entidad bancaria. Por el momento, la investigación quedó formalmente radicada y el avance dependerá de las medidas que adopte ese equipo fiscal.




