El Gobierno nacional creó el programa Los Más Buscados, que utilizará un sistema automatizado para clasificar a prófugos y evadidos según su peligrosidad y fijar prioridades de captura. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y apunta a concentrar recursos de las fuerzas federales en los casos considerados de mayor riesgo para la seguridad pública.
La iniciativa quedó formalizada mediante la Resolución 1089/2026, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Su puesta en marcha incorpora una herramienta de análisis y coordinación a los mecanismos de búsqueda ya existentes. En Santa Fe, el gobierno de Maximiliano Pullaro desarrolla una política de difusión de prófugos y recompensas que, según el balance provincial, contribuyó a detener a 16 personas consideradas de alta peligrosidad.
Cómo se definirá la prioridad
El programa nacional funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), en la órbita de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales. Su objetivo será diseñar e implementar una base de datos que permita ordenar las búsquedas, mejorar la asignación de recursos y hacer más eficiente el trabajo de investigación. Para establecer las prioridades, la resolución menciona la naturaleza de los delitos imputados o por los que exista condena, las penas previstas o impuestas, los antecedentes de reincidencia y el nivel de organización criminal al que pertenezcan las personas buscadas.
El anexo establece que una Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas deberá definir y validar los criterios utilizados para calcular la peligrosidad. También tendrá que revisarlos y actualizarlos según los resultados obtenidos y los cambios en las modalidades delictivas. La documentación no detalla una fórmula ni asigna un peso específico a cada variable, y tampoco incluye una primera nómina de personas priorizadas. Lo que queda aprobado es la estructura para desarrollar y poner en funcionamiento el sistema.
Cruce de datos y control mensual
La nueva base recibirá información permanente y actualizada del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y del Programa Nacional de Recompensas. Además, Seguridad invitó al Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia, a suministrar registros de antecedentes penales, declaraciones de rebeldía y órdenes de captura vigentes. La mesa estará integrada por representantes de las áreas de lucha contra el narcotráfico e investigación criminal del ministerio y por equipos especializados de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.
Podrán sumarse como colaboradores representantes del Poder Judicial, los ministerios públicos y otros organismos competentes. El responsable del programa deberá convocar a ese espacio una vez por mes, coordinar acciones con el Programa Nacional de Recompensas y monitorear el funcionamiento del sistema automatizado. La mesa también deberá reunir información para localizar a los prófugos y producir informes estadísticos y de gestión.
Antecedentes y alcance
En sus fundamentos, el ministerio sostiene que la complejidad del crimen organizado y la cantidad de personas que eluden a la Justicia exigen herramientas modernas para identificar y capturar a los objetivos de mayor riesgo. La resolución toma como referencias experiencias del Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y México, además de las notificaciones rojas de Interpol. También reconoce antecedentes argentinos: el Programa Nacional de Recompensas y la lista de personas más buscadas impulsada por el Ministerio de Justicia en 2016.
El diagnóstico oficial plantea que esos instrumentos requieren una mayor articulación y un mecanismo de priorización más dinámico y sistemático. La norma dispone que la medida no implica una erogación presupuestaria para el Estado nacional y que entra en vigencia desde su publicación. En Santa Fe, la web provincial renovada este mes reúne información sobre personas requeridas por la Justicia, recompensas vigentes, pedidos de datos para esclarecer delitos y solicitudes de paradero.
La plataforma santafesina también concentra los resultados obtenidos desde la implementación de esa política: 16 prófugos considerados de alta peligrosidad fueron detenidos y se pagaron $ 92 millones en recompensas a personas que aportaron información relevante, según los datos brindados por el gobierno provincial a principios de octubre. Ese antecedente aparece ahora como referencia para el esquema nacional, que deberá comenzar a operar con el cruce de bases oficiales y la definición de criterios de priorización.
