Maricarmen Abascal, de 87 años, murió en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde había sido ingresada hace dos semanas tras no lograr frenar su cuarto intento de desalojo. La información fue difundida por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que la había convertido en uno de los casos más visibles de la crisis de vivienda en España.
La mujer, que tenía discapacidad y movilidad reducida, vivía en el distrito madrileño de Retiro y fue desalojada el 23 de septiembre luego de un litigio prolongado por un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956. Según el relato difundido por el sindicato, la comisión judicial ejecutó el procedimiento mientras centenares de personas se concentraban frente al edificio donde ella había vivido durante más de 70 años.
Intervención social y acuerdo tardío
Tras el desalojo, la presión social llevó al fondo inmobiliario que impulsó la expulsión a dar marcha atrás y a alcanzar un acuerdo con las instituciones. El Sindicato de Inquilinas sostuvo que esa solución llegó demasiado tarde y calificó el proceso como “absolutamente evitable” y “torturante”, según reprodujo El Mundo y consignó Noticias Argentinas. La organización también difundió la frase atribuida a Abascal: “No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya”.
Impacto político
El caso derivó en movilizaciones de alcance nacional y en un acampe en la Puerta del Sol, que coincidieron con una crisis política que terminó con el adelanto de las elecciones generales dispuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese contexto, el Ejecutivo aprobó dos reales decretos sobre vivienda, conocidos políticamente como los “Decretos Maricarmen”, que luego fueron rechazados por el Congreso de los Diputados. Además, las centrales obreras CCOO y UGT anunciaron una huelga general de 24 horas por la crisis habitacional.
Antecedentes y próximos pasos
El 28 de septiembre, los representantes de Abascal y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, propietaria del inmueble, alcanzaron un acuerdo para permitir su regreso a la vivienda, con mediación del Ayuntamiento de Madrid. La mujer aceptó la propuesta mientras seguía internada y expresó su deseo de recibir el alta para volver a su domicilio. Sin embargo, su fallecimiento se conoció después de ese entendimiento, lo que dejó sin efecto práctico la solución negociada.
El Sindicato de Inquilinas afirmó que “los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio” suponen “un antes y un después en la historia de este país”. En paralelo, el caso quedó asociado al debate sobre alquileres, desahucios y respuesta institucional en España, con un antecedente inmediato: la ejecución del desalojo, la posterior negociación y la muerte de la mujer en el hospital.
