La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 y restituyó a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de controlar y aprobar los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. La decisión alcanza a los artículos 267 y 269 del decreto firmado por el presidente Javier Milei, que habían eliminado la intervención estatal en esa materia. El fallo tiene efecto sobre el régimen de fiscalización de los planes de salud y vuelve a ubicar al organismo de control en el circuito de autorización de incrementos.
El caso se originó en una demanda presentada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical, luego de denunciar un aumento del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según su planteo, con la normativa anterior el incremento previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26%. En primera instancia, la Justicia rechazó el amparo, pero la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados y ordenó que el Estado retomara sus funciones de control.
Alcance del fallo El tribunal de segunda instancia también había dispuesto limitar los aumentos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios. Sin embargo, la Corte Suprema dejó sin efecto ese límite, por lo que su resolución no establece un tope automático vinculado a la inflación. En consecuencia, el criterio que vuelve a regir es el de control administrativo previo, sin una indexación judicial obligatoria para las cuotas.
Los fundamentos En sus argumentos, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que el Poder Ejecutivo no justificó adecuadamente la necesidad de eliminar los controles estatales mediante un decreto de necesidad y urgencia. La Corte señaló que la invocación de una emergencia económica y social no resulta suficiente para modificar el régimen de fiscalización sin explicar las circunstancias excepcionales que impiden recurrir al procedimiento legislativo ordinario. También indicó que el Gobierno no demostró una relación concreta entre la crisis mencionada en el DNU y la eliminación de las facultades de intervención estatal sobre los precios de las prepagas.
Próximo escenario El pronunciamiento se limita a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y no implica una decisión sobre la constitucionalidad de las restantes disposiciones del decreto. A partir de este criterio, la Superintendencia de Servicios de Salud debe recuperar sus atribuciones para revisar y autorizar modificaciones en los valores de los planes, de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación vigente.




