El Gobierno de Chile retiró del Congreso su proyecto de reformas a la seguridad, luego de reunir escasos apoyos y críticas de distintos sectores políticos, incluido el oficialismo. La decisión dejó sin avance una iniciativa que buscaba modificar la Constitución en ocho puntos y que había quedado bajo cuestionamiento por su alcance institucional.
Entre los cambios propuestos figuraba la creación de un estado de excepción que podría decretarse por 240 días sin aprobación del Parlamento, además de restricciones a las libertades de movimiento y reunión ante una grave amenaza para la seguridad pública. Ese diseño fue señalado por sectores legislativos y por Human Rights Watch, que expresó preocupación por esa herramienta y por otras medidas vinculadas, como la posibilidad de interceptar comunicaciones y requisar bienes.
El retiro del proyecto representa un revés para el mandatario ultraderechista Antonio Kast, para quien el endurecimiento de las medidas de seguridad fue una de las principales promesas de campaña. Según reportó CNN Chile, esa agenda formó parte del planteo de mano dura contra el crimen que lo llevó al poder, pero no consiguió sostén suficiente en el Congreso para avanzar en su redacción original.
Nuevo proyectoEn paralelo, una comisión del Senado trabajó en otra reforma para reemplazar la del oficialismo, y el Ejecutivo decidió respaldarla. Ese texto, ingresado el miércoles, busca calificar al crimen organizado como una amenaza contra los derechos fundamentales, segregar a los presos para evitar delitos desde las cárceles y fijar en 30 días la duración de los estados de emergencia, con prórrogas sujetas a autorización parlamentaria.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, explicó en un mensaje televisado desde el Congreso: "Dado ese trabajo (de los senadores) y el respeto a los acuerdos, no vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado". La propuesta original había sido ampliamente reprobada por legisladores, incluidos varios aliados derechistas y miembros de la propia coalición de gobierno, mientras en septiembre cientos de manifestantes salieron a las calles de Santiago y protagonizaron choques con la policía.
El debate se inscribe en un contexto de aumento de los homicidios y secuestros en Chile, en un país que aún es considerado uno de los más seguros de América Latina. La tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década, en un escenario que el Gobierno intenta encuadrar en una reforma alternativa ahora con respaldo oficial.
