El gobierno de Chile reconoció que el buque carguero Danstar debe pedir autorización para ingresar a las Islas Malvinas y someterse a la legislación argentina. La definición llegó en medio de la tensión diplomática por la intención de reabrir la ruta comercial entre Punta Arenas y el archipiélago, una operación que quedó bajo revisión del gobierno de Javier Milei.
El ministro vocero de Gobierno y subsecretario general de Gobierno de José Antonio Kast, Gonzalo Arenas Hodar, sostuvo que el buque operado por la naviera Easter Island Logistics “tiene que pedir permiso” para realizar el viaje. En esa línea, precisó: “El Estado de Chile no tiene que pedir permiso, el que tiene que pedir permiso es el buque. Los barcos que van hacia Malvinas son los que tienen que pedir permiso para atracar en Malvinas, no el Estado de Chile y, por lo tanto, se tendrán que cumplir con todas las obligaciones que correspondan por parte de un barco privado”.
Cambio de postura
La aclaración oficial contrastó con la respuesta que la semana pasada había dado el canciller Francisco Pérez Mackenna a Pablo Quirno, cuando afirmó que “los países no piden permiso”. Según el material difundido, el giro buscó evitar una escalada diplomática y despejar la interpretación de que se trataba de una decisión estatal chilena. La distinción entre el Estado y una embarcación privada resulta central porque condiciona el alcance jurídico y político del episodio.
Marco normativo y antecedentes
El sitio Agenda Malvinas señaló que, al sostener que el permiso corresponde al buque y no al Estado, Chile preserva su posición histórica respecto del Tratado de Límites de 1881, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y los protocolos bilaterales vigentes sobre el Estrecho de Magallanes. Ese mismo análisis indicó que la formulación oficial también neutraliza la presión de los siete ex comandantes en jefe de la Armada chilena que habían reclamado no sentar precedentes estatales sobre esa vía interoceánica. En paralelo, el texto sostuvo que la postura de José Antonio Kast convalida en los hechos la aplicabilidad del Decreto PEN 256/2010 sobre embarcaciones mercantes que transitan entre el continente y las Malvinas.
Próximos pasos
Con el Danstar ya en Punta Arenas y en etapa de alistamiento técnico, el gobierno de Javier Milei debe definir qué medidas adoptará. El material original menciona como alternativas posibles sanciones económicas o la interceptación del buque por parte de la Armada Argentina, aunque no informa una decisión tomada. La evolución del caso dependerá de la respuesta oficial argentina y de si la embarcación concreta finalmente el viaje hacia las islas.




