La situación judicial de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas a tres mozos en un bar de Ipanema, sumó un nuevo capítulo este martes. La Justicia de Brasil rechazó la posibilidad de un juicio abreviado y mantuvo la causa abierta, al considerar que la injuria racial es un delito de máxima gravedad. El planteo había sido presentado la semana pasada por su abogado, Sebastián Robles, ante la Fiscalía brasileña.
El objetivo era cerrar el proceso mediante un acuerdo de no persecución penal, pero el Ministerio Público Fiscal lo desestimó por “inadmisible”. Según el fallo, uno de los argumentos centrales fue la entrada en vigencia de la Ley N.º 14.532/2023, que incorporó la injuria racial a la Ley de Racismo. Esa norma estableció para ese delito el carácter de imprescriptible e inafianzable, según la resolución citada.
Fundamentos del rechazo
En la resolución judicial también se hizo referencia a la conducta que se le atribuye a Páez durante el episodio ocurrido en Ipanema. “La acusada llegó a imitar gestos de primates para humillar deliberadamente a las víctimas. La propia defensa admite que la conducta fue socialmente inadecuada”, sostiene el escrito. La calificación de los hechos y la legislación brasileña fueron determinantes para descartar la posibilidad de un acuerdo que permitiera evitar la continuidad del proceso penal.
La posición de la defensa
Después de conocerse la decisión, Robles intentó relativizar el alcance de la resolución y sostuvo que el rechazo no modifica sustancialmente el escenario procesal de su defendida. “Solo fue una no aceptación de juicio abreviado. El proceso está en el mismo lugar donde lo dejamos en marzo. Estamos esperando la resolución definitiva”, explicó el letrado, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. La causa, por lo tanto, sigue sin cierre definitivo y aguarda una definición judicial posterior.
Antecedentes procesales
Páez había permanecido tres meses retenida en Brasil, bajo monitoreo mediante una tobillera electrónica por disposición de las autoridades judiciales. En abril, consiguió volver a la Argentina después de pagar una fianza de US$18.500. Sin embargo, ese regreso no significó el cierre de la causa, que continúa abierta a la espera de la resolución final sobre su situación judicial.




