El proyecto de ley denominado “Reforma para la Sostenibilidad y Fortalecimiento Prestacional del Sistema de Salud” ingresó en la Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de dar respuesta a las dificultades económicas y financieras que atraviesan los prestadores privados y preservar su capacidad para brindar atención a millones de argentinos.
La iniciativa fue presentada por los diputados Bernardo Biella Calvet, Oscar Herrera Ahuad y Claudio Álvarez, del espacio Argentina Federal; Oscar Zago y Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID); y María Gabriela Flores, de La Libertad Avanza (LLA).
El proyecto plantea la necesidad de establecer un régimen especial que permita fortalecer la sostenibilidad de las instituciones médico-asistenciales, garantizar la continuidad de los servicios y preservar la infraestructura, los recursos humanos especializados y la incorporación de nuevas tecnologías.
Qué propone el proyecto
El eje central de la iniciativa es reconocer la capacidad médica instalada del sector privado como un activo estratégico para el sistema sanitario nacional. En ese sentido, sostiene que las clínicas, los sanatorios y los hospitales privados cumplen una función indispensable para garantizar el derecho a la salud y que su continuidad resulta fundamental para responder a las necesidades de la población.
Entre sus principales objetivos se encuentran facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales, mejorar las condiciones económicas y financieras de los prestadores, promover la inversión, proteger el empleo formal y sostener la calidad de las prestaciones.
La propuesta no se limita a atender las deudas acumuladas por las instituciones, sino que también busca corregir las condiciones estructurales que contribuyen a generarlas nuevamente. Para ello, plantea revisar las reglas que condicionan el funcionamiento del sector y establecer un marco que brinde mayor previsibilidad a su actividad.
La razonabilidad de la medida
Los fundamentos del proyecto sostienen que las herramientas propuestas no constituyen una condonación generalizada de obligaciones ni un privilegio arbitrario para el sector privado. Por el contrario, plantean mecanismos excepcionales, temporales y sujetos a condiciones, orientados a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales sin poner en riesgo la continuidad de las prestaciones.
Según el texto, las dificultades económicas de los prestadores no representan únicamente un problema empresarial, ya que una reducción de su capacidad operativa puede afectar directamente el acceso a la atención médica y trasladar una mayor demanda al sistema público.
En ese marco, los impulsores de la iniciativa consideran que sostener la infraestructura sanitaria existente puede evitar mayores costos sociales y fiscales, además de preservar los puestos de trabajo, los equipos profesionales y las inversiones realizadas durante décadas.
La propuesta también remarca la necesidad de revisar aquellas medidas que puedan generar distorsiones en el funcionamiento del sistema y obstaculizar la utilización eficiente de los recursos disponibles.
El respaldo de las cámaras de prestadores privados
La iniciativa recibió el respaldo de las cámaras que representan a los prestadores privados de salud: FECLIBA, CONFECLISA, CAPRESS, Salud Federal, ACAMI y Adecra.
Las entidades vienen advirtiendo sobre la necesidad de una respuesta integral para garantizar la continuidad operativa de clínicas, sanatorios y hospitales, conservar sus equipos profesionales y técnicos y sostener la infraestructura necesaria para brindar atención de calidad.
Las cámaras remarcaron que el deterioro de las instituciones privadas repercute sobre el conjunto del sistema sanitario, incluidos los financiadores y los pacientes. Además, advirtieron que recuperar la capacidad prestacional perdida requiere tiempo, inversiones y recursos humanos especializados.
De acuerdo con los datos difundidos por las entidades, el sector privado brinda atención a aproximadamente el 70% de la población y concentra el 56% de las camas de internación del país. En ese contexto, señalaron que la pérdida de capacidad asistencial podría incrementar la presión sobre los hospitales públicos y comprometer el acceso a las prestaciones.
Las organizaciones también destacaron la importancia de contar con reglas previsibles que permitan planificar inversiones, mantener el empleo y sostener los servicios en el largo plazo. En el caso de los afiliados al PAMI, advirtieron que está en riesgo la capacidad de atención destinada a casi seis millones de personas.
Por estos motivos, las cámaras solicitaron avanzar con el tratamiento legislativo de la iniciativa y promover un diálogo entre los sectores público, privado y de la seguridad social para encontrar soluciones a las dificultades estructurales del sistema.
Una oportunidad para discutir el futuro del sistema sanitario
Enrique Camerlinckx, licenciado en Administración de Empresas y director general del Sanatorio Mater Dei, también destacó la presentación del proyecto y consideró que representa una oportunidad para comenzar a resolver los problemas estructurales que afectan a los prestadores privados.
Desde su experiencia de más de veinte años en la administración de instituciones de salud, sostuvo que el debate no debería centrarse exclusivamente en asistir financieramente a las clínicas ni en solicitar más recursos al Estado, sino en modificar las condiciones de funcionamiento para que los recursos disponibles se traduzcan en mayor capacidad de atención, empleo, inversión, tecnología y calidad.
Camerlinckx señaló que el proyecto busca abordar la deuda acumulada y, al mismo tiempo, corregir los factores que provocan su generación recurrente. Entre los aspectos centrales mencionó la mejora de las reglas de pago, la promoción del empleo formal y la inversión tecnológica, además de la eliminación de distorsiones que consumen recursos que podrían destinarse a la atención de los pacientes.
El directivo planteó que la discusión debe trascender las diferencias políticas y las divisiones entre el Estado y las instituciones privadas para avanzar hacia una política de Estado en materia sanitaria. En su visión, el desafío consiste en mejorar el financiamiento y la utilización de los recursos para evitar que las ineficiencias del sistema terminen repercutiendo sobre quienes necesitan atención.
