El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, confirmó que el Gobierno provincial trabaja para reglamentar la Ley de Desarrollo Minero Local antes de que termine 2026. Según explicó, una vez aprobada la reglamentación, la norma tendrá aplicación inmediata para el sector minero sanjuanino.
Perea señaló que la reglamentación concentra interés entre las empresas del rubro y sostuvo que el objetivo oficial es que la ley produzca resultados concretos y se mantenga en el tiempo. “Nosotros no queremos una herramienta normal, sino que queremos una herramienta de clase mundial y que funcione. Las cosas deben funcionar”, dijo el ministro.
El funcionario recordó que, al sancionarse la ley, se fijó un plazo de 60 días para su reglamentación y ratificó que el compromiso del Gobierno es cumplir ese plazo dentro del año. “Dentro de este año esa ley va a ser reglamentada y va a empezar su aplicación inmediata”, afirmó Perea. La definición es relevante porque el texto legal había quedado pendiente de ejecución operativa, un paso necesario para que las empresas conozcan el alcance efectivo de la norma.
Inversión y empleo Durante su exposición, el ministro también destacó el acuerdo firmado con la empresa Vicuña, luego ratificado por la Legislatura provincial. El entendimiento contempla un aporte de 250 millones de dólares, que Perea interpretó como una señal de confianza de la compañía en la provincia. “Una señal absoluta de confianza de la empresa en nuestra provincia”, dijo, y agregó que espera que ese antecedente habilite avances con otras compañías del sector.
En ese marco, el ministro afirmó que San Juan es la segunda provincia con más empleo minero directo del país y la que registra el mayor crecimiento interanual entre los distritos mineros argentinos. La afirmación quedó asociada al desempeño reciente de la actividad y al interés oficial por sostener un flujo de inversiones que amplíe la escala del sector.
Evaluación ambiental Otro eje de la exposición fue el cambio en los procedimientos de evaluación ambiental. Perea explicó que, antes de esta gestión, uno de los obstáculos para atraer inversiones era la demora en los trámites de impacto ambiental, que podían extenderse 180 días o más incluso en los escenarios más favorables. Según indicó, ahora esas evaluaciones se resuelven en alrededor de 30 días, una reducción de los tiempos administrativos que el Gobierno presenta como parte de una mayor eficiencia estatal.
Ante quienes advierten que acelerar los procesos podría implicar menos controles, el ministro respondió: “Yo le digo que no es bajar la vara, sino que es ser eficiente y pensar y crear procesos óptimos”. También atribuyó esos resultados al trabajo conjunto entre el Gobierno, los equipos técnicos y las empresas operadoras, que aportaron sus principales dificultades y necesidades. El próximo paso formal sigue siendo la reglamentación de la ley, que el Ejecutivo prometió concretar dentro de este año.




