La Corte Suprema de Justicia modificó las condiciones bajo las cuales las empresas de medicina prepaga pueden actualizar el valor de sus cuotas y dispuso que, antes de aplicar nuevos aumentos, deberán solicitar autorización al Gobierno. La medida impacta en el esquema de formación de precios del sector y en el gasto mensual de los afiliados.
El tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, firmado por Javier Milei, que habían eliminado las facultades estatales de control sobre las cuotas. En consecuencia, ordenó que el Estado nacional retome las funciones de fiscalización que regían antes de ese decreto, tarea que quedará a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Los fundamentos En su decisión, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que el Poder Ejecutivo no aportó argumentos suficientes para justificar la eliminación de esos controles en el marco de la emergencia económica y social invocada. “No basta con invocar una emergencia genérica”, advirtieron, al sostener que debía explicarse por qué resultaba urgente quitarle al Estado esas facultades.
La Corte también sostuvo que los considerandos del decreto no demostraron una relación concreta entre la crisis económica y social alegada por el Gobierno y la decisión de suprimir las potestades de la autoridad de aplicación. Según el fallo, tampoco se explicó de qué manera esa medida podía contribuir a resolver la situación de emergencia. El tribunal aclaró, además, que su pronunciamiento se limita a esos dos artículos y no alcanza al resto del DNU.
El origen del caso La causa se inició por una demanda presentada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical, luego de cuestionar un aumento del 110% en el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según su planteo, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido de 6,26%. En primera instancia, la Justicia rechazó el amparo.
Después, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados y ordenó limitar los aumentos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, el indicador que mide la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios. También dispuso que el Estado retomara el control y determinara el valor de las cuotas. Tanto el Estado nacional como Swiss Medical apelaron, mientras que la Procuradora Fiscal consideró que correspondía confirmar la inconstitucionalidad y la recuperación de las funciones de fiscalización.
La resolución deja abierto el funcionamiento futuro del sistema de aumentos de la medicina prepaga bajo supervisión estatal y con intervención de la autoridad de aplicación. La vigencia práctica del criterio dependerá del procedimiento que aplique la Superintendencia de Servicios de Salud para autorizar los ajustes y del alcance administrativo que se le dé a la fiscalización de cuotas.




