El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a cuestionar los subsidios generalizados a las tarifas energéticas y a los combustibles, al considerar que son una herramienta costosa e ineficiente para proteger a los hogares frente a aumentos en el costo de vida. En su lugar, recomendó transferencias de ingresos temporales y focalizadas para asistir a los sectores más vulnerables.
La posición fue expuesta en el capítulo 2 del informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO), dedicado al impacto de las crisis del costo de vida y a las herramientas que pueden utilizar los gobiernos frente a shocks que elevan los precios de los alimentos y la energía. Según el organismo, las transferencias focalizadas y temporales constituyen la forma más eficaz de proteger a los sectores más vulnerables, al tiempo que facilitan el ajuste de la demanda y preservan el espacio fiscal.
Menor costo fiscal De acuerdo con las estimaciones del FMI, brindar una protección equivalente mediante medidas generalizadas de contención de precios puede requerir entre 3 y 22 veces más recursos fiscales, según el mecanismo utilizado. El organismo agregó que los subsidios al consumo pueden demandar entre tres y seis veces más recursos que las transferencias directas, mientras que los subsidios a los productores pueden requerir entre 14 y 22 veces más.
Distribución desigual El informe también señaló que los subsidios generalizados benefician más a los hogares de mayores ingresos. Según el FMI, menos de 20 centavos de cada euro destinado a subsidiar la electricidad, el gas natural y la gasolina llegan al 20% más pobre de la población. En el caso de los combustibles, el quintil de mayores ingresos recibe alrededor de 40 centavos por cada euro destinado a contener los precios.
El organismo explicó que esa distribución responde, entre otros factores, a que los hogares de mayores ingresos suelen consumir más energía y combustibles. Por eso, planteó que los sistemas de protección social existentes pueden utilizarse para canalizar transferencias hacia los hogares que efectivamente necesitan asistencia, en lugar de subsidiar de manera generalizada el precio de los bienes y servicios.
Impacto fiscal y debate argentino El FMI advirtió que el costo fiscal de los subsidios adquiere mayor relevancia cuando los gobiernos tienen un margen presupuestario limitado. También sostuvo que las mejoras iniciales que generan los controles o subsidios sobre los precios pueden quedar compensadas a mediano plazo por el aumento de la deuda pública y por el ajuste fiscal necesario para financiarlos. El análisis se conoce en un contexto de fuerte recomposición de las tarifas de servicios públicos en Argentina.
Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió 867% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, mientras que el nivel general de precios avanzó 254% en el mismo período. El gas natural registró una suba superior al 1.600% y el transporte aumentó casi 1.500% desde diciembre de 2023. En septiembre, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $268.405 para cubrir energía, transporte y agua potable.
La canasta de servicios públicos representó en septiembre el 14,6% de un salario promedio registrado estimado en $2.024.647, más del doble de la proporción que registraba a fines de 2023, cuando se ubicaba por debajo del 6%. Aun con la actualización tarifaria, el observatorio estimó que los hogares del AMBA pagan, en promedio, el 54% del costo de los servicios públicos, mientras que el Estado cubre el 46% restante. En paralelo, el FMI sostuvo que las intervenciones sobre los precios deberían ser temporales y contar con mecanismos de finalización claramente establecidos.
Revisión en curso El planteo sobre subsidios se conoció mientras continúan las conversaciones entre el FMI y el Gobierno argentino por la tercera revisión del programa acordado con el organismo. La vocera del Fondo, Julie Kozack, señaló que las negociaciones con el equipo económico encabezado por Luis Caputo incluyen aspectos vinculados con la recuperación de la economía y la necesidad de ampliar los beneficios del crecimiento. En ese marco, el organismo pidió que ese crecimiento se distribuya con mayor alcance entre otros sectores de la economía y entre los trabajadores.
