La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que el juez federal Daniel Rafecas vuelva a intervenir en la investigación por presunto lavado de activos y desvío de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), centrada en la compra de una quinta en Villa Rosa, Pilar. El expediente indaga si hubo una maniobra para canalizar recursos de la entidad fuera del circuito bancario y adquirir la propiedad a través de terceros. La decisión deja sin efecto el criterio que había trasladado la causa al juzgado federal de Campana.
El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y anuló el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había declarado competente al juzgado de Adrián González Charvay. Según la resolución, esa decisión afectó de manera “severa e inequívoca” la garantía del juez natural y configuró una “grosera” violación de las reglas de competencia. También cuestionó que los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña no analizaran los argumentos del fiscal general Mario Villar.
Alcance de la pesquisa
La Corte sostuvo que la investigación no se limita a establecer quién compró el inmueble, sino que apunta a determinar si existió una estructura financiera para mover fondos de la AFA fuera del sistema bancario argentino. En ese marco, los jueces señalaron que la presunta maniobra habría involucrado personas jurídicas, cambios societarios y operaciones patrimoniales. También remarcaron que el objeto de la causa se amplió con nuevas denuncias, requerimientos de instrucción fiscal y elementos incorporados durante la pesquisa.
En su resolución, el tribunal observó que varias de las sociedades involucradas tenían domicilios legales u operativos en la Ciudad de Buenos Aires y que la propia AFA tiene sede en Viamonte 1366/76. Para la Corte, Pilar no era “en modo alguno” el centro de dirección y desarrollo de la actividad bajo investigación. La vinculación territorial con esa jurisdicción se origina en la ubicación de la quinta, pero ese dato no alcanzó para definir la competencia frente a una hipótesis delictiva que, según el fallo, comprendería una presunta red internacional de intermediarios entre 2021 y 2025.
Origen de la causa
La investigación comenzó en diciembre de 2025 a partir de una denuncia de legisladores de la Coalición Cívica contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de Real Central SRL, sociedad a nombre de la cual está registrada la propiedad de Villa Rosa. Los investigadores sospechan que ambos habrían actuado como presuntos testaferros de otras personas vinculadas a la AFA, debido a que no contarían con capacidad económica suficiente para justificar la compra. Pantano tuvo vinculación dirigencial con la entidad, era monotributista y registraba una deuda bancaria superior a los $2 millones al momento de la denuncia; Conte, su madre, es jubilada y había percibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia.
La propiedad tiene una superficie de aproximadamente 105.000 metros cuadrados y cuenta con helipuerto, cancha de paddle y un galpón donde, durante un allanamiento, se encontraron 54 vehículos de lujo y colección. La valuación judicial estimó el valor de la quinta en u$s16.954.000 y el de los automóviles secuestrados en u$s3.861.100. Entre los elementos incorporados al expediente figuran un bolso de la AFA, una plaqueta de homenaje del club Barracas Central con el nombre de Pablo Toviggino y cuadros con referencias al dirigente hallados en la propiedad.
Próximos pasos procesales
Uno de los ejes de la causa es determinar si Pantano y Conte son los verdaderos propietarios o si actuaron como intermediarios de otras personas, entre ellas el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El expediente suma cédulas azules de los 54 vehículos secuestrados a nombre de familiares del dirigente, registros de pagos de peajes mediante una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano, documentación sobre presuntos pagos de la entidad a Real Central SRL e hipótesis sobre una posible adquisición con fondos de la AFA. La resolución de la Corte despejó la discusión sobre qué tribunal debe intervenir y ahora la investigación deberá avanzar sobre el origen de los fondos, la titularidad real de los bienes y las eventuales responsabilidades de los involucrados.
Rafecas deberá reasumir la causa, que ya había impulsado en una etapa anterior con el allanamiento ordenado el 12 de diciembre de 2025. Sin embargo, su permanencia al frente del expediente podría ser transitoria, ya que el presidente Javier Milei envió al Senado el pliego para su designación como juez de la Cámara Nacional de Casación Penal. Si ese nombramiento se concreta, dejará el juzgado federal de Comodoro Py y otro magistrado deberá asumir como subrogante, también en esta investigación.




