Crisis en la Educación Superior: La UNSJ denuncia que el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento y desoye a la Justicia

El Secretario Administrativo Financiero de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Ricardo Cocca, brindó un panorama alarmante sobre la situación financiera que atraviesan las instituciones de educación superior en Argentina. Según el funcionario, el Gobierno Nacional mantiene una postura de incumplimiento sistemático tanto de la Ley de Financiamiento Universitario como de las medidas cautelares dictadas por la justicia federal, lo que pone en jaque la estabilidad del sistema.

Una promulgación sin aplicación: el laberinto legal
El conflicto se originó tras la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por mayorías calificadas en el Congreso. Coca explicó que el Ejecutivo se vio obligado a promulgarla, pero lo hizo bajo una premisa inusual en el derecho: "La promulgo, pero no la aplico". El argumento oficialista sostiene que la aplicación queda sujeta a que se identifiquen las fuentes de financiamiento, una postura que ha sido cuestionada por la comunidad universitaria.
Ante esta parálisis, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una medida cautelar centrada específicamente en los artículos 5 y 6 de la normativa, que refieren a la recuperación salarial de docentes y no docentes, y al incremento de las becas estudiantiles, respectivamente. Coca subrayó que se priorizaron estos puntos por su carácter "alimentario".

El revés judicial que el Gobierno ignora
A pesar de que la justicia ha fallado a favor de las universidades en primera instancia y en cámara, ordenando al Gobierno el cumplimiento de la ley, la administración central ha optado por dilatar la situación llevando el caso a la Corte Suprema de Justicia.
"La cautelar está en firme", afirmó Coca, lo que implica que el Gobierno tiene la obligación legal de cumplir con los artículos referidos a salarios y becas mientras la Corte analiza la constitucionalidad del resto de la ley (que incluye fondos para investigación, extensión e infraestructura). Sin embargo, la realidad en las cuentas universitarias refleja una omisión de estas responsabilidades.

Impacto directo en la UNSJ: salarios y funcionamiento
La brecha entre los costos reales y los fondos enviados es cada vez más profunda. En cuanto a la situación específica de la Universidad Nacional de San Juan, Cocca cuantificó el retraso salarial: "Si se aplica el aumento correspondiente, el Estado está debiendo aproximadamente un 25% de aumento a docentes y no docentes".
Aunque el Gobierno realizó un ofrecimiento del 21% en junio, el funcionario lo calificó como una medida de "mitad de camino" que no alcanza a cubrir el desfasaje acumulado. Además, denunció que este mes se liquidaron los sueldos con un 0% de aumento, manteniendo los mismos valores que en junio, y que el Gobierno no ha convocado a nuevas paritarias para discutir el porcentaje faltante.
La situación no es mejor en lo que respecta a los gastos de funcionamiento. La ley establece que estos fondos deben actualizarse siguiendo la inflación, algo que, según el secretario, "lógicamente el gobierno no está haciendo". Incluso un incremento del 20% prometido para junio aún no se ha materializado ni en resoluciones administrativas ni en la llegada efectiva de los recursos.

Una estrategia de dilación
Para Coca, el Gobierno Nacional está utilizando una estrategia basada en ganar tiempo. "Ellos dicen que están en proceso de discusión porque hubo un acuerdo del 21%, pero mientras tanto no hay señales de cumplimiento de los fallos de la Corte". Esta táctica de "patear" las soluciones mediante promesas de paritarias futuras —como la mencionada para septiembre que no tuvo convocatoria previa de diálogo— agrava la descapitalización de los trabajadores y el deterioro operativo de las facultades.
Finalmente, el funcionario advirtió que el CIN tiene la vía abierta para denunciar ante la justicia que, a pesar de existir un fallo firme, el Ejecutivo no da señales de acatamiento. Mientras tanto, la UNSJ y el resto de las universidades nacionales permanecen a la espera de fondos esenciales para garantizar el derecho a la educación pública y el cumplimiento de la ley vigente.