Diputados recibió el proyecto que redefine la Carta Orgánica del Banco Central

El Gobierno giró a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, tras la exposición de sus lineamientos por parte del Presidente Javier Milei en cadena nacional este jueves por la noche. De acuerdo con fuentes oficiales de la Cámara baja, el próximo lunes la iniciativa tomará estado parlamentario y será enviada a las comisiones correspondientes.

La propuesta integra un paquete más amplio que, según anunció el mandatario, incluye el llamado "grillete fiscal", una reforma del mercado de capitales y otra del mercado de los seguros. En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostuvo que el objetivo es garantizar la independencia funcional y financiera del BCRA, preservar el valor de la moneda como misión primaria y eliminar los mecanismos de financiamiento monetario del sector público.

El texto, de 21 artículos, se organiza en seis ejes. El primero establece el mandato único de preservación del valor de la moneda y retoma la fórmula original de la Ley N° 24.144, en reemplazo del esquema de objetivos múltiples incorporado por la Ley N° 26.739. El Gobierno también cuestionó la reforma de 2012 y afirmó que el esquema vigente habilitó el uso de las reservas internacionales y asignó al Banco objetivos contradictorios.

Entre los cambios institucionales, la iniciativa modifica el régimen de remoción de los miembros del directorio y fija causales taxativas, con intervención del Poder Ejecutivo Nacional y aprobación de ambas cámaras del Congreso por mayoría de dos tercios de los presentes. Además, deroga la presencia con voz pero sin voto del ministro de Economía o su representante en las reuniones del directorio y elimina la opinión previa del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos de operaciones de crédito público externo.

Otro de los puntos centrales es la prohibición absoluta de financiar al sector público. El proyecto deroga los adelantos transitorios al Gobierno nacional, impide préstamos a la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, y prohíbe la compra de títulos públicos en el mercado primario. También suprime la facultad de adelantar fondos para el pago de servicios de deuda pública y deroga el régimen de reservas de libre disponibilidad.

En materia de utilidades, la reforma redefine el régimen de resultados del Banco Central y establece que solo podrán distribuirse utilidades realizadas y líquidas, con resguardo especial para las variaciones del tipo de cambio y del oro. Además, condiciona la transferencia de fondos al Gobierno nacional a que la reserva general y las demás reservas de resultados alcancen al menos el 50% del capital del Banco y a que esos recursos se destinen exclusivamente a cancelar deuda pública.

El proyecto también prevé que, hasta la cancelación total de las letras intransferibles y de los adelantos transitorios otorgados al Estado Nacional, determinadas partidas del resultado del ejercicio se destinen únicamente a cubrir esas obligaciones. Según el texto, el último eje apunta a modernizar el marco operativo del Banco y fortalecer el régimen jurídico de sus reservas internacionales.