Violencia de género: San Juan acumula 22 femicidios y CAVIG registró 6.691 intervenciones en cinco meses

El asesinato de Gemma Álvarez volvió a colocar en primer plano una problemática que San Juan arrastra desde hace años. La mujer fue atacada por su expareja, Matías Ezequiel Marín, quien quedó con prisión preventiva por el plazo de un año, imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. La autopsia determinó que la víctima recibió 31 puñaladas.

Con este caso, la provincia contabiliza 22 femicidios desde 2007, según el relevamiento de causas judiciales elaborado sobre expedientes provinciales. La incorporación de esta figura penal en 2012 cambió el modo en que estos hechos comenzaron a investigarse y juzgarse, dejando atrás la antigua calificación de "crímenes pasionales".

Las estadísticas del Centro de Abordaje y Contención de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) muestran la dimensión del fenómeno. Entre enero y mayo de 2026, el organismo intervino en 6.691 actuaciones, entre asesoramientos, denuncias, medidas de protección y actuaciones judiciales. En ese lapso se realizaron 2.498 asesoramientos, se confeccionaron 1.545 formularios de protección y se recibieron 1.270 denuncias penales.

El informe también detalla qué hechos llegan con mayor frecuencia a la Justicia. Las lesiones encabezaron el registro con 610 denuncias, seguidas por 259 casos de desobediencia a medidas judiciales y 184 amenazas. Además, hubo expedientes por abuso sexual, robos, daños, impedimento de contacto y violación de domicilio. En paralelo, durante esos cinco meses se dictaron 558 medidas de protección para víctimas en situación de riesgo.

La actividad investigativa también expone la presión sobre el sistema. En el mismo período, la brigada especializada concretó 269 allanamientos y 76 detenciones, cifras que, según el Ministerio Público Fiscal, permiten dimensionar la demanda que enfrenta la Justicia en materia de violencia de género e intrafamiliar.

El recorrido judicial de los femicidios en San Juan muestra casos en distintos departamentos y contextos sociales, aunque con un rasgo común: en todos existía un vínculo previo entre la víctima y el agresor. El primer caso de esta cronología fue el de Marisa Elina Videla, asesinada en Santa Lucía en 2007 por un exintegrante de las fuerzas de seguridad tras la ruptura de la relación.

Un año después se registraron los femicidios de Graciela Yolanda Torres, en un contexto de violencia intrafamiliar sin seguimiento de sus denuncias; Delia Noemí Bustamante, agente del Servicio Penitenciario asesinada por su esposo en Pocito; y Miryam González, ultimada en Caucete luego de manifestar su intención de separarse. En 2010, el crimen de Lucía del Carmen Arancibia conmocionó a Santa Lucía cuando su agresor intentó ocultar el cuerpo y simuló su desaparición.

Al año siguiente se sumaron los casos de Alejandra Cristina Bolaños, cuyo cuerpo permaneció enterrado de manera clandestina en Caucete, y de Alba Ruth Pizarro, madre de seis hijos que cursaba un embarazo avanzado cuando fue asesinada en Médano de Oro. Durante 2012, el caso de María Cristina Olivares marcó un punto de inflexión por la planificación del crimen, cometido por su exmarido junto a otras dos personas en Pocito.

Ese mismo año, Noelia Carina Baginay fue asesinada por su expareja en la ciudad de San Juan, en uno de los últimos casos juzgados antes de la plena incorporación de la figura de femicidio al Código Penal. En 2013, Estela del Valle Bustos se convirtió en la víctima del primer juicio oral de la provincia tramitado formalmente como femicidio. Estaba embarazada y fue asesinada frente a sus hijos en Chimbas.

También en 2013, la adolescente Rocío Villalón, de apenas 16 años, fue asesinada por su novio en Pocito, en un hecho que generó una fuerte movilización social. La lista siguió en 2014 con Carolina Tejada, quien murió tras varias semanas internada por las graves lesiones provocadas por una golpiza de su expareja. Dos años después, en 2016, el hallazgo del cuerpo de Talía Recabarren en Ullum volvió a poner el foco sobre la violencia ejercida por exparejas.

En 2018 se registraron dos casos de fuerte impacto provincial. Yamila Pérez fue asesinada en un hecho de extrema violencia en el que el agresor intentó alterar la escena del crimen, mientras que Nelly Beatriz Elizondo murió tras ser atacada con un arma blanca por su expareja en el barrio Villa Hipódromo. Entre fines de 2018 y comienzos de 2019, la muerte de Leila Rodríguez, cuyo cuerpo fue encontrado en una acequia de Ullum, volvió a evidenciar la peligrosidad de las amenazas previas en contextos de violencia de género.

Ese mismo año también fueron asesinadas Myriam Morales, atacada en su vivienda por una expareja que la acosaba tras la separación; Brenda Montaña Requena, cuyo esposo intentó ocultar el crimen denunciando una falsa desaparición antes de que se encontraran sus restos calcinados; y Celeste Luna, fallecida por un disparo de un arma reglamentaria, causa que luego fue investigada como femicidio. Tras varios años sin casos de esta magnitud, en 2024 la provincia volvió a conmocionarse con el asesinato de Yanina Pérez, trabajadora municipal atacada mientras cumplía funciones en el cementerio de Angaco por un hombre con antecedentes de violencia.

El caso de Gemma Álvarez es el más reciente de esta secuencia y volvió a poner bajo la lupa la efectividad de las medidas de protección. La investigación sostiene que el agresor la esperó cuando salió de su casa para ir a trabajar y la persiguió hasta la zona de la Costanera, donde la atacó con un cuchillo. Luego escapó y fue detenido horas más tarde en el interior de la Villa Obrera, en Chimbas.

Durante la audiencia de formalización, el juez Sergio López Marti ordenó un año de prisión preventiva y fijó el mismo plazo para el desarrollo de la investigación. Uno de los puntos que volvió a generar observaciones fue que la víctima había denunciado previamente hechos de violencia y existía una prohibición de acercamiento vigente contra el acusado, medida cautelar dictada a comienzos de julio tras una presentación realizada por la propia Gemma ante CAVIG.

Ante situaciones de violencia de género, las autoridades recuerdan que se puede recurrir a la Línea 144, disponible las 24 horas y de manera gratuita en todo el país. En casos de emergencia también corresponde llamar al 911. En San Juan, la UFI CAVIG atiende de forma permanente en su sede de Rivadavia 425 Oeste.