Proveedores ven al RIGI de Vicuña como un beneficio, pero reclaman transparencia en la comunicación y las licitaciones
Este jueves se dio a conocer en el boletín oficial que se aprobó el ingreso de Vicuña al RIGI con una inversión de 9400 millones de dólares. Monto global que representa la mayor inversión en estos tiempos. Los proveedores miran cautelosos los beneficios fiscales a la operadora y piden más apertura para los empresarios locales
Vicuña tiene todo para arrancar sin ningún tipo de obstáculos. La fusión de Lundin y BHP prometió una mega inversión para el desarrollo de este gigante metalífero que abarca a los proyectos Josemaría y Filo del Sol, con la posibilidad de que luego, con el paso del tiempo se pueda ampliar a otros proyectos adyacentes como Lunahuasi. La mega inversión minera pidió condiciones y garantías para poder operar en la Argentina y el gobierno de Milei con acciones fuertemente políticas les dio "todas" las herramientas que solicitaron. Los instrumentos como el RIGI- Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones-, y la modificación de la Ley de Glaciares que llevó a que la provincia de San Juan sea el foco de la inversión para la minería. En este marco Vicuña presentó un mega proyecto con una inversión prevista de 9400 millones de dólares que ya está aprobada dentro del régimen y que fue comunicado en el boletín oficial ayer jueves.
Sin embargo, los beneficios del RIGI tienen algunos cuestionamientos por parte de los empresarios locales, que ven que, si no se maneja de manera adecuada, las operadoras atendiendo a "una concepción capitalista", puedan contratar de cualquier parte del mundo y el supuesto derrame que podría dejar la actividad minera en la provincia, sus habitantes lo verían pasar.
A raíz de la aprobación de la inversión propuesta por Lundin y BHP, Zonda Diario consultó a diferentes de los proveedores mineros. Todos acuerdan que "la inversión es muy importante y que beneficiará", el tema está en la cantidad de los beneficiados y de donde serán estos. Hay que remarcar que la provincia sancionó la ley de Desarrollo Local, en la que se propone entre otras cosas la protección del empresariado local y la mano de obra sanjuanina. Sin embargo, cuando se mira la letra del RIGI se observa que solo el 20% de los proveedores locales tiene la obligación la empresa a la hora de contratar. Pero dentro de este 20% incluye a los de las zonas de influencia de los proyectos, los provinciales y hasta los nacionales. Esto a entender de los proveedores no equilibra la cancha para los locales que tienen como limitante ser más pequeños y sus infraestructuras en muchos casos no alcanzan para cubrir los requerimientos de los estándares internacionales de las grandes mineras.
Al ser consultado sobre su visión, Alberto Grau de AITURIC, cámara que opera en Iglesia afirmó que "el RIGI puede ser beneficioso, pero si la empresa cambia algunas actitudes que hasta el momento no hizo". Por ejemplo "las licitaciones tienen que ser abiertas y públicas y como eso no ocurre de momento hay que actuar con cautela". A su vez, el dirigente va más allá y sostiene que la licencia social no debe ser algo que se predica desde la boca "sino que debe haber un contrato social entre la empresa y la comunidad donde se cumplan objetivos de sustentabilidad y hasta ahora no hay nada en los hechos." Remarca que "si no se logra este tipo de acuerdos vamos a tener RIGI pero siguiendo los modelos de Tanzania y Mozambique".
En tanto que el presidente de la Cámara de Proveedores de Jáchal, Rodolfo Aballay remarca que "la mejora en el vínculo con la empresa minera no pasa solo por sentarse a conversar, sino por una apertura real en la cadena de valor. Según manifestó, para los proveedores locales "mejorar es que compartan procesos y oportunidades". Sin embargo, la realidad actual es otra de acuerdo a lo que manifiesta el dirigente: "la Cámara denuncia una falta de transparencia y fluidez en la comunicación de los procesos de compras y contratación, lo que deja a las pymes de San Juan en una posición de desventaja y en muchos casos afuera".
Si bien Aballay reconoció con honestidad que las empresas de la comunidad no estaban técnicamente en condiciones de afrontar el contrato principal, el cuestionamiento apunta a la exclusión en la subcontratación.
"Lo que nosotros objetamos es que no se contacte a empresas de la comunidad para que puedan brindar bienes o servicios al ganador del contrato", explicó el dirigente. Esta situación es vista como una oportunidad perdida para que las empresas locales brinden soporte y se integren en proyectos de gran envergadura"
A pesar de que CAPRINSA ha manifestado su apoyo a marcos regulatorios clave como el RIGI y la Ley de Glaciares, Godoy sostiene que la relación operativa y comunicacional con la minera atraviesa una crisis profunda debido a la informalidad y la falta de reglas claras.
Godoy hace una fuerte crítica que radica "en los procesos de contratación". Según el dirigente, las rondas de negocios han sido un "desastre" y los mecanismos de licitación carecen de la transparencia necesaria. El dirigente reveló que existen empresas debidamente registradas en la plataforma de gestión de proveedores (mencionada como "Aquile"), que pagan los cánones correspondientes y cumplen con los perfiles solicitados, pero que no son convocadas a las licitaciones.
Al solicitar explicaciones sobre los criterios de selección, Godoy afirma que la respuesta de Vicuña es, a menudo, evasiva: "Te dice que en este momento fueron seleccionadas ocho y que en la próxima licitación te eligen a vos". Para el representante de CAPRINSA, este tipo de contestaciones representa una "respuesta grosera" que "insulta la inteligencia" de los empresarios locales.
"Nosotros queremos una buena relación", enfatizó Godoy, subrayando que el apoyo que la cámara ha brindado a los proyectos mineros debería ser correspondido con un actuar ético y profesional por parte de la empresa.
Es por esto que ante lo que consideran una conducta corporativa errática de la operadora, desde CAPRINSA sostienen que la solución excede los marcos legales vigentes. Godoy hace un llamado directo a la articulación del gobierno provincial como mediador necesario.
Para los proveedores locales, es fundamental que el Estado intervenga para asegurar que Vicuña informe como corresponde y actúe bajo estándares de transparencia que den certidumbre al mercado. "Si el gobierno provincial no articula... vamos a seguir reclamando por la desprolijidad y la mala forma que tiene de comunicarse Vicuña", advirtió Godoy.