La informalidad laboral reduce aportes y anticipa una caída en las nuevas jubilaciones

La mejora de sectores como el agro, la energía y la minería no compensa el freno de la economía urbana. Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), esa brecha está provocando una caída del empleo asalariado registrado en las ciudades y efectos que ya alcanzan a los ingresos actuales y a las jubilaciones futuras.

Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, las actividades más dinámicas de la economía sumaron apenas 11.000 puestos formales, mientras que la economía urbana perdió 267.000 empleos asalariados registrados. El saldo fue una destrucción neta de alrededor de 255.000 puestos formales en empresas privadas. Para Idesa, la ausencia de un aumento del desempleo responde a que muchas personas pasaron a la informalidad.

En ese mismo período, el empleo informal —como asalariado no registrado o cuentapropista fuera del Monotributo— habría crecido en unas 450.000 personas. La entidad sostiene que esta expansión del trabajo precario no solo reduce ingresos en el presente, sino que también anticipa un deterioro de las condiciones previsionales de los próximos años.

El informe señala que el impacto ya se observa en las altas jubilatorias. Datos de la Subsecretaría de Seguridad Social muestran que en 2024 hubo 105.000 nuevas jubilaciones contributivas, con 30 años de aportes, y 320.000 beneficios otorgados por moratorias o por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En 2025, las jubilaciones contributivas subieron a 113.000, mientras que los beneficios por moratorias y PUAM bajaron a 248.000.

Para 2026, Idesa proyecta unas 110.000 jubilaciones contributivas y apenas 123.000 beneficios a través de moratorias o PUAM. Con ese escenario, las altas jubilatorias caerían cerca de un 45% frente a 2024. El instituto atribuye esa baja a la estabilidad de las jubilaciones con aportes y al menor acceso a beneficios sin reunir los años exigidos.

La entidad recuerda que, sin moratorias, quienes no cumplen los requisitos contributivos solo pueden acceder a la PUAM, que exige tener 65 años y equivale al 80% de la jubilación mínima. A su juicio, la persistencia de la informalidad hará que una parte creciente de los futuros jubilados dependa de esa prestación o reciba haberes mínimos.

Idesa considera necesario avanzar con medidas que impulsen empleo de calidad. En ese marco, valora la ley de modernización laboral, aunque advierte que todavía debe instrumentarse plenamente y completarse en aspectos pendientes. También plantea que el país no puede seguir postergando las reformas tributaria y previsional.

En materia fiscal, propone cambios más profundos que una reducción gradual de impuestos, entre ellos la creación de un "Súper IVA" que absorba tributos distorsivos como Ingresos Brutos y tasas municipales sobre las ventas. En el plano previsional, sostiene que debería establecerse una relación más directa entre el monto de la jubilación, los aportes realizados y la expectativa de vida.

Para el instituto, la decisión de no renovar las moratorias es correcta, pero insuficiente sin una reforma integral. Advierte además que la caída de la natalidad, el aumento de la expectativa de vida y el deterioro del mercado laboral presionan sobre la sustentabilidad del sistema de reparto y amplían el universo de futuros beneficiarios con ingresos mínimos.