Naturgy recibió una nueva intimación por el predio de Chimbas y debe presentar habilitaciones antes de fin de mes
La Justicia de Faltas volvió a exigir a Naturgy la documentación del depósito que mantiene en Chimbas, luego del fallo favorable que obtuvo la empresa en la Cámara de Paz. Si no cumple dentro del plazo fijado, podría enfrentar una sanción económica que algunos estiman en más de 15 millones de pesos.
La empresa de energía Naturgy quedó nuevamente bajo la lupa judicial: la Justicia de Faltas la intimó a presentar todas las habilitaciones correspondientes al terreno que posee en Chimbas, trámite que deberá completar en los próximos días.
El predio, ubicado sobre avenida Benavídez antes de llegar a Chacabuco, es motivo de conflicto desde hace al menos un año por reclamos de vecinos, empresas linderas y el municipio, que exigen su saneamiento, cierre perimetral y mayores condiciones de seguridad. En ese marco, también se produjo el cruce con Enrique Mattar, titular del tercer Juzgado de Faltas, quien cuestionó a la firma durante una audiencia por presuntos incumplimientos.
La nueva intimación se dictó después de que la compañía obtuviera un fallo favorable de la Cámara de Paz, que anuló el proceso anterior y ordenó que la causa fuera tratada por otro juez. Según fuentes oficiales, Naturgy tiene plazo hasta los últimos días de este mes para presentar la documentación requerida, entre ella las habilitaciones municipal, de Bomberos y de la Secretaría de Ambiente.
La causa tramita en el Primer Juzgado de Faltas. De acuerdo con la información oficial, la empresa no estaría registrada como generadora, operadora y transportista de Residuos Peligrosos, un punto sensible para las autoridades y los vecinos por la presencia de transformadores depositados en el lugar. Naturgy había sostenido en instancias previas que retiró los equipos en desuso, aunque el terreno sigue siendo observado por la acumulación de escombros y basura.
Si no cumple con lo solicitado, la firma podría ser multada por incumplimiento al Código de Faltas por contravención a la seguridad pública. Aunque no hay una estimación oficial, algunas fuentes consideran que la sanción podría superar los 15 millones de pesos. La norma prevé multas, trabajos de utilidad pública, arresto, y también sanciones como clausura o inhabilitación temporaria o definitiva.
