San Juan organiza su defensa legal ante el reclamo territorial de La Rioja

La controversia por los límites entre San Juan y La Rioja incorporó un nuevo tramo y el Gobierno sanjuanino comenzó a ordenar su estrategia ante la posibilidad de que el planteo llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, señaló que la provincia está reuniendo antecedentes y revisando los elementos jurídicos, históricos y técnicos disponibles.

"Todo lo que ha surgido es a través de los medios y nosotros, desde el primer momento que existieron estas novedades, nos pusimos a estudiar el tema. Cada vez tenemos más elementos como para tener en cuenta en el caso de que se inicie una acción judicial; estamos juntando antecedentes para una eventual presentación", explicó Dávila en diálogo con radio Estación Claridad.

La tensión se profundizó luego de que el gobernador riojano, Ricardo Quintela, promulgara la Ley Provincial N.º 10.876, una norma que ratifica el reclamo sobre un sector del territorio que hoy pertenece a San Juan y habilita a la Fiscalía de Estado de esa provincia a avanzar con una demanda ante el máximo tribunal del país.

Dávila sostuvo que San Juan cuenta con fundamentos históricos, técnicos y legales para sostener los límites actuales y cuestionó la postura difundida por La Rioja. Entre los principales argumentos mencionó la vigencia de la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968, que fija los límites entre ambas provincias y, según afirmó, fue luego ratificada por el Congreso de la Nación y respaldada por jurisprudencia de la Corte Suprema.

"Una ley que tiene fuerza de ley suprema, de acuerdo a jurisprudencia que ha aceptado la Corte en cuanto a las leyes que han sido sancionadas en gobiernos de facto y que aún no han sido derogadas. Más aún si han sido ratificadas con otra ley del Congreso de la Nación", afirmó. También descartó que el trazado vigente haya sido definido de forma arbitraria y remarcó que existió un trabajo técnico previo de especialistas. "No es que se juntaron dos o tres y dijeron "bueno, desde acá límite". Eso vino a través del trabajo cartográfico, de agrimensores, de marcación y fijación de límites de acuerdo al trabajo técnico", señaló.

Ante una eventual llegada del caso a la Corte Suprema, Dávila adelantó que San Juan conformará un equipo interdisciplinario para la defensa territorial. El funcionario indicó que este tipo de procesos requieren abogados de distintas especialidades y recordó que la provincia ya aplicó estrategias similares en otras disputas de relevancia. "Generalmente en acciones así de envergadura es un equipo de trabajo de abogados de distintas especialidades los que participamos en las contiendas", indicó.

El reclamo de La Rioja apunta a dejar sin efecto la Ley Nacional 18.004, bajo el argumento de que fue sancionada durante un gobierno de facto y sin participación legislativa. El área en discusión comprende unos 2.651 kilómetros cuadrados dentro del departamento Iglesia, desde el cerro El Potro hasta sectores cercanos al Valle de la Luna. Se trata de una zona considerada estratégica por su potencial minero, turístico y ambiental, con áreas vinculadas al Parque Provincial Ischigualasto, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Mientras La Rioja avanza con una comisión de especialistas para sostener su reclamo, San Juan mantiene que los límites actuales están establecidos por ley y prepara sus argumentos para una eventual instancia judicial.