Con respaldo mayoritario y críticas al RIGI, Diputados sancionó la esperada Ley de Desarrollo Local Minero

Luego de un largo y extenso debate legislativo se aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero con 34 votos a favor y 2 diputados que no votaron se trata del bloque vuelve San Juan, compuesto por Graciela Seva y Mario Herrero. La norma que tiene como base tres pilares fundamentales, tiene como principal objeto darles beneficios a los proveedores locales ante la llegada de grandes empresas. El objetivo de fondo es la protección del empresariado local que pueda brindarle algún tipo de servicios a la minería sanjuanina. Quien no estuvo presente al momento de la votación del proyecto de ley fue el diputado libertario Fernando Patinela, que llegó al recinto cuando se estaba haciendo el tratamiento en particular -artículo por artículo - de la ley
Sobre tablas se le hizo modificaciones a algunos artículos por cuestiones aclarativas o de redacción. La modificación más importante se hizo a pedido de Franco Aranda quien planteo en lo que corresponde a sanciones que puedan llegar hasta 200 mil unidades tributarias cuando en el articulo 20 de la ley originalmente establecía solo hasta 60 mil unidades tributarias, monto que había sido cuestionado por la oposición justicialista, quien tomó como base lo que decía la antigua ley de proveedores 1208 M que establecía un mínimo de 1 millón de unidades tributarias.
La ley aprobada este jueves alcanza las actividades desarrolladas por la en sus etapas sea de prospección, exploración, construcción, explotación, cierre y post-cierre de minas procesamiento y comercialización de minerales comprendiendo todas las actividades del artículo 249 del Código de Minería en todo San Juan. Abarca los sujetos definidos en el artículo 3 de la presente Ley y fomenta sobre la base de modelos colaborativos y sustentables, los siguientes objetivos:
· El desarrollo sostenible, estratégico y diversificado de las comunidades de influencia de proyectos mineros;
· El aumento del empleo privado registrado, y la mejora de su cualificación, en la comunidad de influencia de los proyectos mineros y en el resto de la provincia de San Juan;
· La mayor participación y el agregado de valor en los proyectos mineros, por parte de proveedores locales de la comunidad de influencia y del resto de la provincia de San Juan;
· La generación de condiciones de previsibilidad, transparencia, competitividad y accesibilidad a las oportunidades que generen los procesos de contratación de trabajadores y proveedores en el sector minero provincial.
El alcance de la norma, da una herramienta de control al Estado Provincial y a los municipios mineros, sobre todo para que las operadoras tomen la contratación de mano de obra local y la contratación de empresarios sanjuaninos.
Apoyo justicialista con observaciones
Varios de los legisladores justicialistas, que aprobaron la ley de Desarrollo de Proveedores utilizaron el momento para recordar que cuando San Juan se adhirió al RIGI, hicieron un despacho de disidencia rechazando lo que se proponía en ese momento. La diputada María Fernanda Paredez, quien en ese momento fue miembro informante del despacho en disidencia, en la sesión de este jueves destacó que en ese momento manifestaron la necesidad de trabajar para preservar a los proveedores y al empresariado local sobre lo que se venía. Sin embargo, a entender de la legisladora justicialista se demoró dos años para armar un proyecto. En ese sentido acordó con otros legisladores de su mismo interbloque como Mario Herrero, que la defensa de los proveedores llegó tarde desde el mismo momento en que se sancionó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Desde el momento en que se sancionó la norma nacional, se puso un paredón para aplicar normas que sean de beneficio de lo local.
Por su parte, el diputado por Calingasta, Jorge Cipriano Castañeda, destacó que para que la ley funcione en los hechos, tendrá que existir mucha gestión y control. El legislador remarcó que tanto el gobernador, sus ministros y los diputados de las áreas de influencia tendrán que gestionar de manera conjunta para lograr acuerdos con las empresas y que de esa forma lleguen más beneficios. Castañeda recordó que al momento de la adhesión al Rigi, dijo que "había que ponerse inmediatamente a trabajar en favor de los proveedores, sin embargo, pasó mucho tiempo.
A su vez, los justicialistas al cuestionar la normativa vigente a nivel nacional pusieron como ejemplo, la licitación de un sector del campamento de Vicuña a dos empresas chinas y una santafecina. Expresaron que cuando esto sucedió de nuevo surgió la necesidad irrefutable de la defensa de los proveedores.
Por otro lado, dentro de los cuestionamientos de la oposición está el planteo que la norma aprobada "tensa", la relación con el RIGI, que establece que por encima del mismo no se pueden sancionar normas de ningún tipo que condicionen los alcances del mismo. Por lo tanto, dichas normas "serían de nulidad absoluta".
Pese a los cuestionamientos, la oposición acompañó a la ley entendiendo que es una herramienta, que si bien pueden cuestionar su alcance, ayuda a que con gestión y trabajo en territorio, se puedan conseguir beneficios para los proveedores de las zonas de influencia y del resto de San Juan.
Luis Rueda sin memoria
En la sesión por el tratamiento de la Ley de Desarrollo de Proveedores, el diputado bloquista Luis Rueda, ante el cuestionamiento justicialista que la ley se sancionó tarde, manifestó que en su momento todos los legisladores sanjuaninos a nivel nacional votaron a favor, sin embargo, no recordó que los justicialistas Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica, se opusieron, por un mandato de bloque a nivel nacional.

Un dato a destacar
A pesar de se una ley que beneficia al sector de proveedores y para lo cual se estuvo trabajando dos años, con consultas constantes a las cámaras relacionadas con el sector minero, en el debate solo acompañó el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta, Adolfo Ibazeta, junto a Alfredo Amín miembro activo de esta organización