Trasladaron a los imputados de Branka Motors por denuncias de agresiones en el Penal

Los principales imputados en la causa Branka Motors fueron reubicados dentro del Servicio Penitenciario Provincial después de denunciar que sufrían amenazas, agresiones físicas y hostigamientos desde su ingreso al Penal de Chimbas. La presentación fue realizada por el abogado defensor José Daniel Tejada, quien pidió medidas urgentes de resguardo para Alexis Javier Marcó, Jonatan David Marcó y Facundo Agustín Banega.

Según el planteo, los tres permanecían en el Pabellón Nº 2, Sector 1, identificado como "la parte vieja", donde atravesaban una situación de riesgo para su integridad física y psicológica. El letrado sostuvo que padecían episodios reiterados de intimidación, humillaciones, extorsiones y violencia por parte de otros detenidos, por lo que solicitó su traslado al Sector 4, Pabellón 1, conocido como "Los Espartanos". El pedido fue aceptado de inmediato y el cambio de alojamiento se concretó.

Los hermanos Marcó y Banega habían regresado a prisión preventiva hace pocos días por disposición de la jueza de Garantías Ana Carolina Parra, que ordenó mantenerlos privados de la libertad durante cinco meses mientras avanza la investigación por la presunta estafa atribuida a Branka Motors. La magistrada dejó sin efecto el acuerdo de reparación económica que los imputados habían alcanzado con la Fiscalía y las querellas.

Ese convenio contemplaba el pago de 524 millones de pesos en cinco cuotas para resarcir a 352 damnificados, pero el primer desembolso nunca se concretó. En la audiencia por el incumplimiento, el fiscal Guillermo Heredia cuestionó que los acusados hubieran asumido un compromiso sin contar con los fondos necesarios para cumplirlo. Las querellas, en tanto, calificaron la conducta como una "doble estafa": una contra los ahorristas y otra contra el sistema judicial.

En esa misma instancia, Alexis Marcó y Facundo Banega sostuvieron en un primer momento que el dinero de la primera cuota había sido transferido. Sin embargo, una representante de la Oficina de Medidas Alternativas informó que no existía acreditación del depósito. Luego, los acusados reconocieron que no pudieron obtener un préstamo previsto en Mendoza ni reunir el dinero mediante el cobro de pagarés.

Ante ese escenario, la jueza Parra dispuso que continúe la investigación penal, cuyo plazo se extiende hasta marzo del próximo año, y entendió que persistían riesgos procesales suficientes para ordenar nuevamente la prisión preventiva. Fue durante ese período de detención cuando, según la defensa, comenzaron los episodios de violencia que derivaron en el pedido de protección y en la reubicación de los tres imputados.