La Justicia ratificó el giro federal en la causa Global Market
El Tribunal de Impugnación rechazó el planteo de abogados de denunciantes que pretendían frenar el cambio de competencia. Con esa decisión, la investigación por Global Market Valores y GMI Inversiones quedó encaminada hacia el fuero federal, en un expediente que reúne al menos 23 denuncias y perjuicios superiores a los 3.000 millones de pesos.
La investigación por las operaciones de Global Market Valores y GMI Inversiones seguirá en el ámbito federal, luego de que el Tribunal de Impugnación desestimara un recurso presentado por abogados de algunos denunciantes. El planteo buscaba impedir el cambio de competencia, pero fue rechazado por el juez Daniel Guillén.
En su resolución, Guillén sostuvo que quienes impulsaron la impugnación no cuentan con legitimación para intervenir recursivamente en esta etapa del proceso. Por ese motivo, el expediente fue remitido a la Justicia Federal, que deberá definir si asume de manera definitiva la investigación.
Fuentes judiciales indicaron que el magistrado recordó lo dispuesto por el Código Procesal Penal, en cuanto a que la participación de los querellantes con facultades para recurrir comienza una vez formalizada la Investigación Penal Preparatoria. Con ese criterio, consideró improcedente el planteo contra la declaración de incompetencia dictada con anterioridad.
No es la primera vez que se aplica ese argumento en la causa. En una instancia previa, los mismos representantes legales habían cuestionado la negativa a dictar prisión preventiva contra Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada. En esa oportunidad, también se entendió que la discusión sobre medidas coercitivas debía plantearse una vez formalizado el proceso.
El traslado al fuero federal fue impulsado por el fiscal Nicolás Alvo, titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, quien sostuvo que los hechos investigados podrían encuadrarse en delitos de competencia federal. Entre las hipótesis analizadas figuran presuntas maniobras de lavado de activos y posibles irregularidades vinculadas al sistema financiero nacional, postura que fue respaldada por el juez de Garantías Javier Figuerola.
La causa investiga el presunto desvío de fondos de inversores que, según la fiscalía, habrían sido inducidos mediante engaños a autorizar operaciones incompatibles con sus perfiles de riesgo. De acuerdo con esa acusación, esos recursos habrían terminado en empresas vinculadas a los propios responsables investigados. Hasta el momento, el expediente reúne al menos 23 denuncias y los perjuicios denunciados superan los 3.000 millones de pesos.
