La oposición amplía la presión sobre Adorni y suma movimientos para forzar su comparecencia

El Gobierno mantiene en suspenso una definición sobre Manuel Adorni, mientras crece la presión de sectores internos y de la oposición para acortar el margen político del jefe de Gabinete. En paralelo, se multiplican las iniciativas en ambas cámaras del Congreso, con pedidos de interpelación y mociones de censura como herramientas para avanzar sobre su continuidad.

La novedad política fue la postura del PRO, que pidió de manera explícita la salida del ministro coordinador y dejó abierta la posibilidad de dar quórum en la Cámara de Diputados en la sesión solicitada por la oposición para el 23 de junio. Esa convocatoria incluye seis expedientes, entre ellos informes, interpelaciones y mociones de censura. Desde el bloque que conduce Cristian Ritondo afirmaron: "No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días".

En la UCR moderaron el tono y señalaron que el interbloque Fuerzas del Cambio, junto con el MID y Karina Banfi, definirá una posición común entre el martes y el miércoles. La situación contrastó con la sesión fallida del 13 de mayo, cuando PRO, UCR y el sector más colaboracionista de Provincias Unidas habían optado por no dar quórum. Desde entonces, la declaración jurada de Adorni y sus explicaciones patrimoniales en televisión, sumadas a reparos previos de Patricia Bullrich, ampliaron el frente de cuestionamientos.

El malestar terminó por reunir al peronismo, a la izquierda y a otros espacios dialoguistas, además de gobernadores provinciales y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que reclamaron explicaciones inmediatas. En esa línea, el peronismo del Senado presentó un proyecto de resolución para interpelar y discutir una moción de censura contra Adorni, y el interbloque Popular, encabezado por José Mayans, pidió una "sesión urgente" para tratar la iniciativa.

Según ese planteo, si la Cámara alta aprueba la resolución, el funcionario deberá comparecer en un plazo máximo de siete días; de no hacerlo, quedaría habilitado el tratamiento directo de la moción en la misma sesión especial. La oposición se apoya en el artículo 101 de la Constitución Nacional y sostiene que hubo "irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones" en las presentaciones de Adorni ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Regulación y Control Aduanero.

Para aprobar interpelaciones y mociones de censura, la oposición necesita una mayoría especial de dos tercios en Diputados y en el Senado, una cifra que hoy no tiene. Por eso, la estrategia inmediata pasa por reunir quórum y luego impulsar emplazamientos a comisión, lo que obligaría al oficialismo a abrir el debate en ámbitos que hoy controla. Ese recorrido parlamentario demandaría al menos un mes y mantendría el tema en el centro de la escena legislativa y política.