Global Market: la pelea por la competencia mantiene congelada la investigación

La causa judicial que investiga las operaciones de Global Market continúa sin definiciones de fondo y permanece detenida en medio de una disputa sobre qué jurisdicción debe llevar adelante el proceso. A casi un mes de que un magistrado provincial resolviera desprenderse del expediente y enviarlo al ámbito federal, el caso sigue sin registrar avances sustanciales mientras se aguarda una resolución clave del Tribunal de Impugnación.

La falta de movimiento genera creciente malestar entre quienes se consideran perjudicados por las maniobras investigadas. Muchos de ellos aseguran haber perdido importantes sumas de dinero y observan con preocupación cómo la discusión sobre la competencia judicial retrasa cualquier progreso en la pesquisa que involucra a Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada.

Por el momento, tampoco existe una fecha definida para que el máximo órgano revisor analice los recursos presentados por distintos representantes de las víctimas. La incertidumbre se profundiza a medida que pasan las semanas y el expediente permanece sin actividad relevante.

Desde algunos sectores vinculados a los denunciantes reconocen que el desgaste es cada vez mayor. Sostienen que la prolongación del conflicto procesal ha generado frustración y cuestionan la posibilidad de que la investigación abandone la órbita provincial para pasar a la Justicia Federal.

El debate se inició cuando el fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, Nicolás Alvo, consideró que los hechos investigados podrían exceder el marco de una presunta estafa tradicional y alcanzar delitos vinculados al sistema financiero, incluyendo posibles operaciones de lavado de activos. Ese planteo fue respaldado posteriormente por el juez de Garantías Javier Figuerola, quien dispuso la remisión de las actuaciones al fuero federal.

Sin embargo, varios abogados que representan a los damnificados rechazaron esa interpretación. Argumentan que las conductas denunciadas tuvieron lugar en San Juan y que la investigación principal gira en torno a presuntas estafas reiteradas contra inversores locales, por lo que entienden que la competencia debe permanecer dentro del sistema acusatorio provincial.

Mientras esa controversia continúa abierta, la investigación permanece prácticamente congelada. Ninguna de las partes cuenta con una resolución definitiva sobre quién deberá conducir el proceso, situación que impide avanzar en medidas de prueba y definiciones de fondo.

Ahora la decisión quedó en manos del juez Daniel Guillén, integrante del Tribunal de Impugnación, quien deberá analizar los planteos formulados y determinar si confirma el traslado dispuesto por Figuerola o si ordena que el expediente regrese a la Justicia provincial.

No obstante, cualquiera sea el resultado, el conflicto podría extenderse aún más. Fuentes cercanas a algunas querellas consideran posible que la discusión termine siendo revisada por la Corte de Justicia, lo que implicaría varios meses adicionales de litigio antes de despejar definitivamente la cuestión de competencia.

La demora adquiere especial relevancia por la magnitud económica que rodea al caso. Hasta el momento se registraron al menos 23 denuncias formales y los montos reclamados superarían los 3.000 millones de pesos. Incluso, estimaciones realizadas por algunos de los afectados sostienen que el perjuicio total podría alcanzar cifras multimillonarias en dólares.

La investigación apunta a determinar el funcionamiento de Global Market Valores y GMI Inversiones. Según la hipótesis expuesta por la fiscalía durante las audiencias celebradas en mayo, varios clientes habrían sido inducidos a aprobar operaciones financieras incompatibles con sus perfiles de inversión, mientras que parte de los fondos captados habrían terminado en compañías relacionadas con los propios responsables bajo investigación.