La Fiscalía General revisará los fallos adversos para ajustar criterios y reforzar las acusaciones

Con el propósito de mejorar el desempeño de los fiscales y robustecer la persecución penal, la Fiscalía General pondrá en marcha un sistema de seguimiento y análisis de las causas en las que el Ministerio Público no obtenga resultados favorables ante la Justicia. La medida fue impulsada por Guillermo Baigorrí, quien ordenó la creación de una base de datos para relevar, estudiar y sistematizar los expedientes en los que las pretensiones fiscales no prosperen, tanto en primera instancia como en apelación.

La iniciativa busca identificar posibles fallas en la construcción de los casos, desde la producción de prueba hasta las interpretaciones jurídicas o las estrategias de litigación. La intención es convertir cada revés judicial en una instancia de aprendizaje institucional que permita corregir errores y fortalecer las futuras acusaciones.

De acuerdo con la resolución emitida a mediados de mayo, los fiscales de Impugnación tendrán un papel central en este esquema. Deberán informar cada legajo en el que intervengan y cuyo resultado sea contrario a la posición sostenida por el Ministerio Público, además de elaborar un análisis sobre los factores que incidieron en la derrota judicial.

Desde la Fiscalía General remarcaron que el objetivo no es aumentar las apelaciones, sino asegurar que los recursos presentados cuenten con fundamentos sólidos. La meta es evitar planteos sin sustento jurídico que deriven en litigios innecesarios o en escenarios con pocas posibilidades de éxito.

La resolución también refuerza el rol de los fiscales de segunda instancia, que ya habían ganado mayor protagonismo tras la reorganización interna dispuesta por Baigorrí al asumir la conducción del organismo. En ese marco, los representantes de Impugnación no solo sostienen las apelaciones, sino que además cumplen funciones de evaluación y asesoramiento técnico.

Entre los fundamentos de la decisión, el jefe de los fiscales sostuvo que el relevamiento permitirá detectar obstáculos reiterados que afectan las investigaciones, analizar los criterios adoptados por los fiscales y por el Tribunal de Impugnación, y diseñar herramientas orientadas a mejorar el funcionamiento institucional. La propuesta también apunta a una mayor uniformidad en los criterios de actuación de las distintas unidades fiscales, con estándares comunes y una respuesta más eficiente frente a los desafíos del sistema acusatorio.