Buscan fijar límites y mayores controles a las asignaciones vitalicias de exmandatarios y jueces
Un proyecto presentado por el bloque Provincias Unidas propone modificar la Ley 24.018 para ordenar y transparentar las asignaciones mensuales vitalicias de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial. La iniciativa incluye una reducción del haber, cambios impositivos y restricciones de acceso ante determinadas condenas.
El bloque de diputados Provincias Unidas presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 24.018 y establecer un régimen de ordenamiento, tope y transparencia sobre las asignaciones mensuales vitalicias correspondientes a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial.
La diputada cordobesa Alejandra Torres sostuvo: "Menos lamentos por los privilegios y más acciones para eliminarlos. Lejos de cualquier postura demagógica, no proponemos la eliminación de estos retiros, sino introducir verdaderos criterios de justicia distributiva, topes reales y transparencia fiscal".
De acuerdo con lo informado, la propuesta prevé una reducción del haber al 70% de la remuneración neta, el pago de Ganancias y aportes de salud, y un tope máximo equivalente a 10 haberes mínimos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). También incorpora un aporte Solidario del 30% sobre el excedente para quienes superen el haber máximo previsional.
El texto agrega la incompatibilidad absoluta con el ejercicio de cualquier otro cargo público y una cláusula de ética que dispone la caducidad automática del beneficio ante condenas firmes por corrupción o delitos contra la administración. "Hoy más que nunca, el esfuerzo fiscal lo debemos hacer todos. Las máximas responsabilidades del Estado deben ser el principal ejemplo de orden, transparencia e integridad institucional", señaló Torres.
En los fundamentos, la iniciativa plantea que el régimen general de reparto previsto en la Ley N° 24.241 presenta falencias conceptuales y prácticas que deben corregirse bajo una mirada de responsabilidad institucional. Además, aclara que la asignación vitalicia no debe entenderse como un privilegio, sino como una garantía de independencia y dignidad del cargo.
