Condenaron con prisión efectiva al líder de la banda que falsificaba DNI para sacar créditos

La causa por la organización dedicada a falsificar documentos y usurpar identidades para obtener préstamos y realizar compras fraudulentas sumó una nueva condena clave. La Justicia Federal sentenció a Rolando Javier Navarro Saide, considerado el jefe de la banda, a 5 años y 4 meses de prisión efectiva tras reconocer su responsabilidad penal en un juicio abreviado.

La resolución fue dictada por el juez federal Juan Ignacio Pérez Curci, luego de un acuerdo entre el fiscal Fernando Alcaraz y la defensa del acusado. Con esta condena, ya son seis los implicados castigados en una investigación que expuso una compleja maniobra de adulteración de DNI con participación de empleados públicos y particulares.

Navarro Saide fue señalado como el organizador de la estructura delictiva y quien coordinaba cada etapa de las maniobras. Según la investigación, seleccionaba a las víctimas, definía quiénes debían presentarse en el Registro Civil para aportar datos biométricos falsos y administraba tanto el dinero como los productos obtenidos mediante las estafas.

La exencargada del Registro Civil de Pocito, Natalia Castillo, ya había sido condenada a 4 años y 8 meses de prisión. También recibieron penas Rodrigo Javier Navarro Pozo, Marcelo Omar Cardozo, Matías Martín Martínez Villalba y Marcos Esteban Vallejos.

Cómo funcionaba la maniobra

De acuerdo con el expediente judicial, la organización accedía a información personal de las víctimas mediante registros oficiales, listados públicos y bases de datos. Con esos datos gestionaban duplicados o triplicados de DNI verdaderos, aunque utilizando rostros y huellas digitales de otras personas para completar los trámites biométricos.

Una vez obtenidos los documentos adulterados, los integrantes de la banda solicitaban créditos, realizaban compras de electrodomésticos y concretaban operaciones financieras a nombre de los titulares originales de los DNI.

La investigación también incorporó mensajes y audios extraídos del teléfono de Navarro Saide, donde se evidenciaba la coordinación de las maniobras y el reparto de ganancias. En una de las conversaciones incorporadas a la causa, incluso se daban instrucciones sobre qué productos adquirir para luego revenderlos.

Los investigadores sostienen que la maniobra generó graves perjuicios económicos y personales para las víctimas. Algunas descubrieron deudas millonarias, sufrieron embargos, inhibiciones crediticias y hasta problemas para validar su identidad ante organismos oficiales y entidades financieras.

En paralelo, otros seis imputados rechazaron acceder a juicios abreviados y enfrentarán próximamente un juicio oral y público. Según la acusación fiscal, esas personas también participaron aportando sus imágenes y huellas digitales para intentar concretar nuevos documentos adulterados, aunque en varios casos los controles biométricos del Renaper lograron detectar las irregularidades antes de que las estafas se consumaran.