Dictaron pena condicional para la automovilista involucrada en un siniestro fatal en Santa Lucía
Graciela Aballay fue condenada a tres años de prisión condicional e inhabilitación para conducir por seis años, en una causa vinculada con la muerte de Naiquen Trindade y las lesiones de Sol Cerrutti. El caso se cerró mediante un juicio abreviado tras el reconocimiento de responsabilidad penal.
La causa por el siniestro vial registrado en julio de 2025 en Santa Lucía concluyó con una condena para Graciela Aballay, considerada responsable por la muerte del motociclista Naiquen Trindade y las lesiones sufridas por Sol Cerrutti.
La resolución se dictó en el marco de un juicio abreviado, instancia en la que la imputada admitió su responsabilidad penal. En ese contexto, recibió una pena de tres años de prisión condicional y la inhabilitación para conducir vehículos por seis años.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Sebastián Gómez y de la ayudante fiscal Agostina Pérez, quienes sostuvieron que la conductora realizó una maniobra imprudente que derivó en el hecho.
El accidente ocurrió el 6 de julio de 2025, cerca de las 16:30, en la intersección de Ruta Nacional 20 y calle Gorriti. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Trindade y Cerrutti viajaban en una motocicleta Rouser 200 cc cuando impactaron contra un Toyota Corolla conducido por Aballay.
Las pericias incorporadas al expediente indicaron que el automóvil intentó cruzar la ruta sin advertir la cercanía de la moto. Tras la colisión, el vehículo menor se incendió y ambos ocupantes sufrieron heridas de extrema gravedad.
Trindade, de 23 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson con múltiples fracturas, traumatismos severos y lesiones internas. Permaneció varios días internado en Terapia Intensiva, pero murió nueve días después a causa de las heridas.
Por su parte, Cerrutti padeció fractura de pelvis y otros traumatismos, por lo que debió ser sometida a una intervención quirúrgica.
Tras el fallecimiento del joven, Aballay fue imputada y pasó parte del proceso bajo arresto domiciliario por cuestiones de salud. Más adelante, la jueza interviniente le permitió seguir en libertad mientras avanzaba la investigación, aunque bajo condiciones judiciales estrictas.
El reconocimiento de culpabilidad permitió cerrar el expediente sin llegar a un juicio oral.
