El caso Global Market suma nuevos denunciantes y podría llegar al fuero federal

El escándalo financiero que involucra a las firmas sanjuaninas Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A. continúa creciendo y ya suma nuevas denuncias judiciales por una presunta maniobra millonaria que podría superar los 2.800 millones de pesos. Mientras la investigación avanza en la Justicia provincial, comenzó a circular el mensaje que el empresario Gustavo Omar Ahumada, titular de ambas compañías, envió a los inversores afectados para explicar la crisis económica que atraviesan las empresas.

En ese documento, Ahumada reconoce que actualmente no puede afrontar los compromisos financieros asumidos con los clientes y atribuye gran parte de la situación a la paralización de una explotación minera vinculada a la firma.

Las presentaciones judiciales fueron realizadas por más de una decena de inversores ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, donde intervienen el fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli. Además de Ahumada, las denuncias también alcanzan a los contadores Pamela Domínguez y Guillermo Soria, aunque este último aseguró públicamente —a través de su representación legal— que hace años dejó de trabajar para las empresas involucradas.

Fuentes judiciales indicaron que por el momento se encuentran evaluando la documentación presentada y el alcance de las acusaciones para determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar formalmente con una investigación penal. No obstante, dentro del ámbito judicial ya se analiza la posibilidad de que el caso pueda escalar al fuero federal si interviene la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo encargado de supervisar y controlar el funcionamiento de las entidades financieras y bursátiles del país.

Mientras tanto, trascendió que podrían sumarse al menos otras siete denuncias de personas y empresas que aseguran haber perdido importantes sumas de dinero tras invertir en las firmas señaladas.

Según relataron los denunciantes, Global Market Valores operaba desde hace alrededor de dos décadas en una oficina ubicada sobre calle Mendoza, en Capital, y contaba con habilitación para trabajar dentro del mercado bursátil, situación que generaba confianza entre quienes decidían invertir sus ahorros.

Los clientes sostienen que entregaron fondos para colocaciones supuestamente seguras, orientadas a bonos e inversiones de bajo riesgo. Sin embargo, aseguran que posteriormente descubrieron que el dinero habría sido derivado a través de GMI Inversiones hacia operaciones más riesgosas, incluyendo fondos vinculados al sector minero, sin haber sido informados de esos movimientos.

Las denuncias describen situaciones de fuerte impacto económico. Entre ellas aparece el caso de una empresa que reclama alrededor de 2.200 millones de pesos, además de familias y particulares que aseguran haber perdido montos que oscilan entre los 10 y los 100 millones de pesos.

En paralelo al avance de las presentaciones judiciales, se conoció el contenido del comunicado enviado por Ahumada a los inversores. Allí, el empresario afirma que la compañía atraviesa una "difícil situación financiera" que le impide cumplir temporalmente con los pagos comprometidos.

Como principal explicación, sostuvo que el 27 de diciembre de 2024 el Ministerio de Minería dispuso la suspensión de una actividad minera relacionada con la empresa, situación que —según indicó— habría provocado un fuerte perjuicio económico que terminó afectando la operatoria financiera.

En el mismo mensaje, Ahumada aseguró que el 21 de abril pasado las autoridades mineras aprobaron el informe de impacto ambiental correspondiente, lo que permitiría avanzar con tareas de remediación y retomar posteriormente las actividades extractivas. Según expresó, eso abriría la posibilidad de comenzar a normalizar la situación financiera de la compañía y cumplir con las obligaciones pendientes.

El empresario también informó que la firma prevé realizar una Asamblea General Extraordinaria el próximo 20 de mayo con el objetivo de analizar un aumento de capital y avanzar en el ingreso de un supuesto "inversor estratégico".

De acuerdo al comunicado, ese nuevo actor financiero no solo aportaría capital a la empresa sino que además evaluaría otorgar un préstamo destinado a sanear las cuentas de la firma. Ahumada señaló que actualmente continúan las negociaciones para definir las condiciones de ese eventual acuerdo.

En otro tramo del escrito, el titular de GMI y Global Market manifestó que la intención de la empresa es alcanzar un esquema de cancelación de deudas "que resulte conveniente para todas las partes".

Finalmente, también confirmó el cierre momentáneo de las oficinas ubicadas en calle Mendoza y explicó que la empresa comenzó a trabajar bajo modalidad remota o "home office" mientras continúan las negociaciones con clientes, proveedores y mercados financieros.

Por ahora, el caso continúa bajo análisis judicial y no se descarta que en los próximos días puedan sumarse nuevas denuncias y medidas investigativas sobre una causa que ya genera fuerte repercusión en el ámbito financiero y empresarial sanjuanino.