Dos policías ratificaron ante la Justicia que Manuel Adorni mantiene una deuda de USD 70 mil
Madre e hija declararon en Comodoro Py y respaldaron con documentación el préstamo que vinculan al jefe de Gabinete. La pesquisa sigue sobre el origen de los fondos y las operaciones económicas bajo análisis.
La causa que alcanza al jefe de Gabinete sumó este lunes una nueva instancia en los tribunales de Comodoro Py. Dos mujeres, madre e hija e integrantes de la fuerza policial, ratificaron ante el fiscal Gerardo Pollicita que el funcionario conserva una deuda de 70 mil dólares, más intereses, con vencimiento previsto para noviembre de 2026.
Las testigos, Graciela Molina, comisario retirada, y su hija Victoria Cancio, comparecieron por la mañana y permanecieron varias horas en la Fiscalía Federal N° 11. Durante su declaración entregaron documentación, conversaciones y precisiones sobre el acuerdo económico que, según indicaron, los vincula con el funcionario.
De acuerdo con su versión, el vínculo se originó a partir de un préstamo de 100.000 dólares entregado en efectivo cuando Adorni aún se desempeñaba como vocero presidencial. Del total, 85.000 fueron aportados por Molina y los 15.000 restantes por su hija. El convenio establecía un plazo de devolución de dos años y un interés anual del 11%.
Según relataron, el funcionario comenzó cumpliendo con pagos mensuales asociados a los intereses, que primero rondaban los 900 dólares y luego bajaron a 600 dólares tras un desembolso parcial de 30.000 dólares sobre el capital. Con ese esquema, el saldo pendiente quedó en 70.000 dólares.
Las declarantes señalaron además que la operatoria se formalizó mediante una hipoteca sobre un inmueble del funcionario en el barrio porteño de Parque Chacabuco. También indicaron que el dinero prestado habría sido utilizado para concretar una operación inmobiliaria en la provincia de Buenos Aires.
En paralelo, la investigación avanza sobre el origen de los fondos y la capacidad económica de los involucrados. En ese marco, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, su entorno familiar y las acreedoras, con el objetivo de reconstruir el circuito financiero.
Las mujeres explicaron que el dinero provino en parte de ahorros personales y en parte de ingresos obtenidos tras un proceso sucesorio y un reclamo judicial por diferencias salariales. La causa continuará con nuevas citaciones vinculadas a otras operaciones inmobiliarias del funcionario, mientras la Justicia procura determinar la legalidad y trazabilidad de los movimientos bajo examen.
