La Casa Rosada recompone el diálogo federal con un anticipo de coparticipación de $400.000 millones
El Gobierno aceleró el contacto político con los gobernadores y habilitó un mecanismo de asistencia financiera para 12 jurisdicciones. La medida llega en medio de la necesidad oficial de reactivar la agenda legislativa y de la tensión por la caída de la recaudación provincial.
La Casa Rosada procura bajar la tensión política mientras reordena su estrategia de gestión. En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intenta mostrar actividad, aunque dentro del Gobierno sostienen que el impulso de la agenda se jugará en el Congreso de la Nación, con iniciativas que buscan concentrar la atención pública.
Para la semana próxima, los referentes libertarios en la Cámara de Diputados prevén sesionar el miércoles 8 para debatir la modificación de la Ley de Glaciares y el proyecto Hojarasca. La reforma sobre glaciares genera resistencia en distintos sectores opositores, al punto de que más de 100.000 personas intentaron inscribirse para participar de la audiencia previa a su tratamiento en comisiones.
En el oficialismo creen que el respaldo de las provincias mineras será decisivo para avanzar con la iniciativa, ya que habilitaría explotaciones de distintos minerales en zonas hoy consideradas periglaciares. "Con el apoyo de esos gobernadores, otros aliados de las provincias y los bloques afines sentimos que vamos a tener los votos para poder aprobarla", señaló una fuente de alto rango en Diputados.
La relación con un grupo de gobernadores aparece como un factor central para sostener una agenda legislativa con capacidad de avance. En ese plano, el Gobierno considera que las alianzas con mandatarios que acompañaron a La Libertad Avanza continúan vigentes y que todavía hay margen hasta agosto para mantener la dinámica que se abrió en las sesiones extraordinarias.
Con ese objetivo, Javier Milei firmó ayer un decreto que autoriza un desembolso de hasta $400.000 millones en concepto de adelantamiento de fondos de coparticipación para 12 jurisdicciones. El texto se publicará el próximo lunes en el Boletín Oficial y alcanza a provincias como Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, además de distritos con fuerte confrontación con Nación como La Rioja, Tierra del Fuego, Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz.
Las negociaciones detrás de estos acuerdos son atribuidas internamente al ministro del Interior, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Según una fuente vinculada a esta materia, el adelanto financiero le permite al Gobierno ordenar la relación fiscal con las provincias, aunque advirtió que la situación de las cuentas subnacionales sigue siendo delicada.
La decisión se tomó luego de que en marzo el reparto automático de impuestos cayera 11,3% frente a febrero, en un contexto de deterioro sostenido de la recaudación. En las provincias señalan que el total recaudado en el trimestre es de 1 billón de pesos menos que en igual período del año anterior, con impacto directo en las cuentas públicas y en la negociación salarial.
El mecanismo de adelanto ya había sido utilizado para Entre Ríos en enero de 2026 y prevé la devolución del monto antes de fin de año, con una tasa de interés del 15%. El objetivo es evitar que las administraciones provinciales recurran al crédito externo, donde el costo financiero se ubica entre 30% y 45%.
De acuerdo con los cálculos de Politikón Chaco, durante marzo las transferencias alcanzaron los $5,05 billones, lo que implica una pérdida superior a $1,15 billones para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en el primer trimestre de 2026. Con ese cuadro, tanto Nación como los distritos mantienen márgenes fiscales estrechos para sostener sus reclamos.
En paralelo, algunos gobernadores alejados del oficialismo también comenzaron a flexibilizar posiciones. Entre ellos aparece Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, quien según se informó impulsaría la adhesión de su provincia al RIGI. En La Rioja, en tanto, el entorno de Ricardo Quintela recibió días atrás a Martín Menem, en una reunión cuya interpretación difiere según la versión de cada sector.
En ese caso, circularon versiones sobre una eventual negociación vinculada a partidas presupuestarias a cambio de la implementación de la Boleta Única Papel, la adhesión al RIGI y una normativa de transparencia en el manejo de fondos públicos. Mientras tanto, la provincia espera una definición de la Corte Suprema por un reclamo de USD 1.200 millones en fondos que considera retenidos de manera indebida por el Estado Nacional.
