Alta montaña y glaciares reabren el debate sobre grandes proyectos mineros en la frontera andina
Pablo Balart analizó los desafíos ambientales y regulatorios que enfrentan las iniciativas mineras en zonas de alta montaña entre Chile y Argentina. En su visión, la discusión pasa por compatibilizar desarrollo y protección glaciar con base en evidencia científica y monitoreo permanente.
La minería en alta montaña de Chile y Argentina puede compatibilizarse con la protección de glaciares si los proyectos incorporan rigor técnico, sostenibilidad, evidencia científica, monitoreo y gestión adaptativa, sostuvo Pablo Balart, director de línea de servicios para Latinoamérica y líder en ciencias de la tierra en SLR Consulting.
En una entrevista con BNamericas, el especialista abordó los desafíos que enfrentan iniciativas como el Distrito Vicuña en la frontera binacional, en un contexto marcado por la discusión en torno a una reformada Ley de Glaciares en Argentina y por el análisis de una posible legislación específica en Chile.
Balart afirmó que Chile no cuenta con una Ley de Glaciares, aunque sí con un marco de protección integrado por la Ley 19.300, el SEIA y el Inventario Nacional de Glaciares. A su juicio, avanzar hacia una ley podría entregar mayor certeza regulatoria, siempre que no se pierda la flexibilidad necesaria para compatibilizar protección ambiental y desarrollo de actividades estratégicas.
Sobre los proyectos en zonas cordilleranas, señaló que estos territorios concentran recursos minerales estratégicos, pero también sistemas hídricos de alta importancia. Por ello, sostuvo que su desarrollo exige conocimiento técnico especializado, estudios glaciológicos e hidrológicos avanzados, monitoreo permanente y diálogo temprano y transparente en los territorios.
Consultado por los impactos de operaciones como Los Pelambres, División Andina, Los Bronces y el proyecto Pascua Lama, indicó que existe evidencia científica sobre efectos de la minería en glaciares, especialmente en etapas históricas con menores estándares regulatorios. Sin embargo, remarcó que no todos los casos son comparables y que los antecedentes han elevado el estándar de la industria.
En relación con el Distrito Vicuña, Balart dijo que se perfila como uno de los proyectos mineros más relevantes a nivel global, con una vida útil estimada superior a 70 años. Explicó que no se trata de una sola operación, sino de un clúster de yacimientos de gran escala, como Josemaría y Filo del Sol, con una visión común y desafíos vinculados al agua, los glaciares y los relaves.
También señaló que Josemaría es el único proyecto que avanza de manera clara, mientras que Filo del Sol y Lunahuasi se encuentran en etapas más tempranas o sin validación ambiental completa. Añadió que el distrito busca alinearse con marcos internacionales de ESG, como los principios del ICMM, los IFC Performance Standards y los UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
Al referirse a la cartera de iniciativas que supera los US$70.000 millones en Chile, mencionó proyectos como la nueva concentradora de BHP en Minera Escondida, el Desarrollo Futuro DMH de Codelco, la expansión y continuidad operacional de Minera El Abra y obras de desalación e infraestructura hídrica impulsadas por ACADES. La tensión, explicó, surge porque la expansión minera avanza sobre zonas cordilleranas donde los glaciares cumplen un rol clave en el equilibrio hídrico.
Balart advirtió que la deposición de material particulado sedimentable podría acelerar el derretimiento de los cuerpos de hielo y que las vibraciones asociadas a la actividad minera podrían afectar su estabilidad física. En ese marco, insistió en que la discusión técnica no debe plantearse como una disyuntiva entre glaciares o minería, sino como la búsqueda de un equilibrio entre protección ambiental, desarrollo económico y transición energética.