Reforma del Estado y tensión en Justicia: el Gobierno define cambios clave en el Gabinete
Tras la apertura de sesiones ordinarias, la Casa Rosada acelera una nueva etapa de reformas para 2026 mientras se intensifica la interna por el futuro del Ministerio de Justicia y la posible postulación de Sebastián Amerio como Procurador General.
Luego del discurso de Javier Milei en la inauguración del período de sesiones ordinarias, el Ejecutivo comenzó a proyectar una nueva reforma del Estado para 2026, al tiempo que avanzan las conversaciones puertas adentro por cambios en el Gabinete.
En distintos sectores del oficialismo señalan que Guillermo Montenegro sería el elegido para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia. Sin embargo, el foco de la discusión no está únicamente en el nombre del ministro sino en la continuidad del actual viceministro, Sebastián Amerio.
Entre las alternativas que se analizaron en las últimas reuniones figura la posibilidad de postular a Amerio como Procurador General de la Nación en reemplazo de Eduardo Casal. En Balcarce 50 apuntan a que el tratamiento del pliego pueda darse junto con otras vacantes judiciales a partir de marzo.
La principal diferencia interna se da entre los equipos que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo. Desde el entorno de la titular de La Libertad Avanza sostienen que el nuevo ministro debe designar a su propio segundo. En cambio, el sector vinculado al consultor respalda la continuidad de Amerio, al remarcar su diálogo directo con el Presidente y su rol en la reforma penal y judicial que impulsa el oficialismo, que incluye modificaciones en el Consejo de la Magistratura.
En ámbitos neutrales del Gobierno aguardan una definición del jefe de Estado que evite un enfrentamiento abierto entre las distintas líneas internas.
Mientras tanto, el Ejecutivo trabaja en una reducción más profunda del Estado como paso previo a la reforma tributaria. La premisa es que cualquier baja de impuestos no comprometa el equilibrio fiscal, un punto que el oficialismo no está dispuesto a negociar. Por eso, en el corto plazo no se prevén cambios estructurales amplios en el esquema impositivo.
La estrategia contempla presentar proyectos con recortes de gasto acompañados de plazos y objetivos concretos. En ese marco, buscarán avanzar primero con la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, iniciativa que quedó fuera de la reforma laboral aprobada durante las sesiones extraordinarias.
En paralelo, se impulsa una reconfiguración del empleo público que abarca la planta permanente, la carrera administrativa y la reorganización de estructuras y procesos en el sector estatal. También se pondrán en marcha los procesos formales de privatización de empresas públicas, que se acelerarían a partir de marzo, aunque reconocen que los resultados financieros no serán inmediatos.
La agenda oficial suma además reformas a los códigos Aduanero, Penal y Civil y Comercial; la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento de los partidos políticos; y una nueva Ley de Seguridad Nacional que redefiniría las atribuciones de Defensa, Seguridad e Inteligencia. En la Casa Rosada confían en el esquema de aliados consolidado durante febrero para avanzar con este paquete en el Congreso.
