Acueducto Gran Tulum: el expresidente de OSSE que aprobó los caños ahora asesora a Sergio Uñac

El Acueducto Gran Tulum permanece en el centro de la polémica debido a presuntas irregularidades en su licitación y ejecución. Un hecho reciente que avivó el debate es la designación de Sergio Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), como asesor del senador nacional Sergio Uñac en 2024, poco después de que Uñac asumiera su banca en el Senado.

Ruiz, con una carrera de planta permanente en OSSE, fue autorizado mediante el expediente 511-677874-2024 para desempeñarse en tareas de apoyo y asesoramiento en áreas legislativas, bajo un régimen que permite la transferencia temporal de agentes dentro del Estado. Esta comisión de servicios cubre desde el 4 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024, con posibilidad de renovación automática.

La relevancia de esta situación radica en el rol que Ruiz desempeñó entre diciembre de 2015 y febrero de 2019, período coincidente con la licitación principal del Acueducto Gran Tulum. Durante esa gestión, OSSE adjudicó la provisión de tuberías a la empresa Krah, cuyo apoderado, según documentación oficial, es Gustavo Monti, primo del entonces gobernador Sergio Uñac.

La adjudicación incluyó una segunda licitación por 56,7 kilómetros de caños con un monto superior a 1.398 millones de pesos, excediendo incluso el presupuesto inicial. En marzo de 2016, bajo la presidencia de Ruiz, se aprobó una redeterminación de precios del 55% a favor de Krah, en respuesta a la devaluación del dólar.

Actualmente, la obra estratégica para garantizar el suministro de agua a gran parte de San Juan está paralizada. Se levantan sospechas sobre la calidad y aptitud técnica de las tuberías, calificadas como experimentales por otras empresas competidoras y cuestionadas ante OSSE y el fondo kuwaití financiador del proyecto.

A pesar de la paralización, la Provincia inició el pago del crédito en 2025. Además, una demanda judicial presentada por Marcelo Arancibia busca esclarecer las irregularidades en la segunda licitación y la posible responsabilidad de los funcionarios involucrados.

Paralelamente, la Cámara de Diputados local aprobó por unanimidad un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle las razones de la paralización, el proceso de contratación y la evaluación técnica de los caños utilizados.

Fuente: Tiempo de San Juan