El Gobierno recurre la suspensión del protocolo antipiquetes
El Ejecutivo nacional apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes. Aseguran que la medida para mantener el orden sigue vigente pese a la declaración de ilegalidad por parte del juez Martín Cormick.
El Gobierno nacional presentó una apelación contra el fallo que declaró la nulidad del protocolo antipiquetes. El lunes pasado, el juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick calificó el protocolo antipiquetes, conocido también como protocolo antiprotesta, como nulo e ilegítimo por convertir la protesta social en un delito flagrante y por superar las competencias del Ejecutivo.
Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó: "Estar en contra del protocolo antipiquetes es estar en contra de la ley y el orden en la República Argentina". Por otro lado, la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich tuiteó que "la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende", confirmando que la medida seguirá vigente mientras se resuelve el conflicto judicial.
El Protocolo para el mantenimiento del orden público, implementado tras la llegada de Javier Milei a la presidencia bajo la Resolución 943/23, fue cuestionado por el juez por invasión de competencias legislativas exclusivas del Congreso. Según el fallo, la resolución modifica leyes penales, procesales, derechos constitucionales y normas orgánicas policiales para restringir el derecho a protestar, regulando derechos como el derecho a peticionar y la libertad de reunión.
Además, el fallo señala que el Ministerio asume funciones legislativas de forma solapada y que la resolución altera el artículo 194 del Código Penal, ampliando el concepto de flagrancia para incluir la protesta social.
Un informe de Amnistía Internacional reveló que desde la puesta en marcha del protocolo, durante los años 2024 y 2025, ocurrieron al menos 2.557 personas heridas por la intervención desproporcionada de las fuerzas, incluyendo el uso de gas lacrimógeno y balas de goma. También se registraron múltiples ataques a trabajadores de prensa, con al menos 282 periodistas heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo. Además, 258 personas fueron detenidas en manifestaciones bajo la aplicación del protocolo.
