Camioneros y empresarios acordaron suma fija para compensar inflación
Hugo Moyano y las cámaras empresariales sellaron la revisión de la paritaria vigente con un pago único de 35 mil pesos a cobrarse en enero de 2026. Se espera retomar negociaciones para un nuevo acuerdo el próximo año.
El Sindicato de Camioneros junto a las cámaras empresariales alcanzaron un acuerdo este lunes para otorgar una suma fija de 35 mil pesos, correspondiente a la revisión de la paritaria vigente, que será abonada con los salarios de enero de 2026.
Este acuerdo surge tras la primera audiencia celebrada en la Secretaría de Trabajo y responde al reclamo planteado por Hugo Moyano, quien destacó que la inflación del trimestre septiembre-noviembre superó ampliamente las previsiones, afectando el poder adquisitivo de los trabajadores.
El incremento representa un ajuste porcentual del 3,5%, sumado a la incorporación de 31 mil pesos a los salarios a partir de enero, aumentando así el impacto de la recomposición salarial.
No obstante, no se concretó un acuerdo respecto al pedido de Moyano de aumentar en un mínimo del 20% los adicionales de especialidad para las ramas de Logística, Expreso, Mudanzas y Correo Privado, acordándose analizar esta demanda más adelante.
Durante la negociación, una cámara empresarial propuso la implementación de un premio por presentismo de 40 mil pesos para trabajadores de dichas ramas, iniciativa que fue rechazada por las empresas de Expreso y Mudanzas para evitar mayores costos debido a la crisis que atraviesan varias pymes del sector.
Los empresarios aún deben cumplir con lo firmado en la paritaria anterior, que contempla un aumento acumulado del 3,3% en tres tramos durante seis meses, desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026, el pago de un bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas y una contribución empresarial para la obra social que varía entre 20 mil y 22 mil pesos mensuales.
Estos mecanismos de pago coinciden con los meses de menor actividad del sector, aunque el bono y la contribución están firmados en un acta distinta que no fue homologada, por lo que empresas con dificultades económicas no están obligadas a abonarlos.