El Gobierno oficializó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso: qué temas se tratarán
El Ejecutivo oficializó la convocatoria al Congreso para sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre, con un temario que incluye el Presupuesto 2026 y reformas fiscales, laborales, penales y ambientales.
El Gobierno nacional publicó este lunes el Decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, formalizando la convocatoria al Congreso para sesiones extraordinarias entre el 10 y 30 de diciembre.
Durante este período, los legisladores tratarán exclusivamente los proyectos incluidos en el anexo del decreto, destacándose en primer término la discusión del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026, que apunta a un resultado financiero equilibrado o levemente superavitario, conforme a la estrategia de consolidación fiscal del Ejecutivo.
La agenda contiene seis iniciativas fundamentales para el rumbo económico y normativo del país:
- Ley de Presupuesto 2026
- Ley de Inocencia Fiscal
- Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria
- Ley de Modernización Laboral
- Ley de Reforma del Código Penal
- Ley para la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial (modificación de la Ley 26.639)
Entre las reformas destaca la Ley de Inocencia Fiscal, cuyo objetivo es redefinir responsabilidades, cargas de prueba y procedimientos en materia tributaria. Asimismo, la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria establecerá reglas estrictas para limitar el déficit, ordenar el gasto público y restringir financiamiento mediante emisión o endeudamiento.
Por otro lado, el proyecto de Modernización Laboral contempla cambios en regímenes especiales, indemnizaciones, modalidades de contratación y nuevas formas de empleo, buscando adecuar la legislación a las transformaciones del mercado y la economía digital.
El paquete se completa con una reforma integral del Código Penal, que actualizará tipos delictivos, procedimientos y sanciones, y con una iniciativa para modificar la Ley de Glaciares, para equilibrar la preservación ambiental con proyectos de inversión extractiva en la cordillera, tema que ha generado controversias con sectores productivos y autoridades provinciales.
