Google enfrenta una condena de u$s425 millones por violación de la privacidad de usuarios

El gigante tecnológico Google fue condenado por un tribunal federal en San Francisco a abonar la suma de u$s425 millones como compensación a más de 100 millones de usuarios que denunciaron la violación de su privacidad. Este fallo se produce en el contexto de una creciente preocupación por el manejo de datos personales por parte de las grandes corporaciones tecnológicas.

El origen del caso se remonta a julio de 2020, cuando los demandantes afirmaron que la compañía continuaba recopilando información personal incluso cuando los usuarios habían desactivado la opción de rastreo en sus configuraciones. La acusación sostiene que esta práctica se realizaba a través de aplicaciones de terceros, como Uber e Instagram (perteneciente a Meta), cuyos datos terminaban bajo la custodia de Google.

El abogado Aníbal Rodríguez, representante del colectivo de usuarios, argumentó que la empresa había infringido la Ley Integral de California contra el Fraude y el Acceso a Datos Informáticos. En los alegatos finales, su colega David Boies subrayó que "Google nunca obtuvo el permiso de los usuarios para recopilar y utilizar los datos", acusando a la empresa de proporcionar información engañosa sobre el control que los usuarios tenían sobre sus datos.

Por su parte, la defensa de Google negó cualquier irregularidad, afirmando que "este no es un caso de conducta ilícita, ni de filtración de datos, ni de engaños. No hay perjuicio alguno en este caso". No obstante, el jurado determinó que Google fue culpable de continuar recolectando datos incluso con la opción de actividad web desactivada, aunque desestimó la acusación de violación de la ley estatal de fraude informático.

Este fallo adverso se produce en un momento crítico para Google, ya que apenas un día antes había obtenido una victoria judicial significativa frente al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que había solicitado la separación de su navegador Chrome por presuntas prácticas monopólicas. En ese contexto, el juez Amit Mehta permitió a la compañía mantener la propiedad de su navegador, aunque impuso restricciones sobre acuerdos de exclusividad con fabricantes de teléfonos celulares y ordenó a Google compartir los datos utilizados para sus resultados de búsqueda.