Pese a endurecer las sanciones, las amenazas de bomba continúan en San Juan
Hasta la fecha se registraron 12 casos en la provincia, más del doble que en todo 2024. La Justicia comenzaron a aplicar multas millonarias, probation y hasta penas de prisión para quienes generan estos llamados intimidatorios.
La serie de amenazas de bomba en San Juan, dejan al descubierto un fenómeno en alarmante crecimiento.
La estadística oficial lo confirma: hasta agosto de este año ya se contabilizaron 12 amenazas de bomba en la provincia, lo que marca una tendencia creciente respecto a años anteriores.
Mientras en 2024 hubo apenas cinco llamados, en 2025 los episodios ya suman más del doble, con escenarios que se repiten: siete en escuelas y el resto en edificios públicos.
En todos los casos, los llamados recibidos, fueron falsas alarmas, pero que implican la activación inmediata del protocolo, con un costo operativo de entre 2 y 3 millones de pesos por cada intervención.
El despliegue incluye evacuaciones masivas, movilización de personal especializado, vehículos y equipamiento de altísima tecnología.
El incremento de estos hechos ha llevado a la Brigada Antiexplosivos a solicitar más recursos humanos y técnicos, elevando un proyecto a la Jefatura de Policía para incrementar el número de personal.
Actualmente, son 13 los efectivos que deben cubrir simultáneamente operativos de gran magnitud, con un único traje EOD (de protección contra explosivos) valuado en 60 millones de pesos.
La Justicia, más firme
El fenómeno también obligó a los tribunales sanjuaninos a endurecer las sanciones. En el último mes, hubo condenas ejemplares. Una bioquímica fue sancionada con un pago de 4 millones de pesos por la falsa alarma que hizo en el hospital Rawson. Un hombre de 74 años, que amenazó con un explosivo en el recital de Lali, fue condenado a tres años de prisión en suspenso y multado por tenencia de armas.
En la Escuela Rogelio Boero, dos jóvenes identificados como autores de una falsa alarma fueron sometidos a probation: deberán pagar una multa, realizar 24 horas de trabajo comunitario y capacitarse en la División Bomberos.
En el Centro Cívico, Emanuel Alonso Lucero Pereyra fue condenado a dos años de prisión efectiva por reincidencia en intimidaciones públicas.
En otros casos, los autores fueron menores de edad, lo que abre un debate sobre la necesidad de prevención en el ámbito escolar.
De hecho, la Brigada planifica junto al Ministerio de Educación una campaña de charlas en colegios para generar conciencia sobre la gravedad de estos hechos, considerado delito penal.
Cada amenaza de bomba, aun siendo falsa, implica costos millonarios para la provincia y un fuerte impacto social.
Edificios evacuados, clases suspendidas, trámites paralizados y un despliegue policial total que no puede desestimarse.
Cada amenaza es atendida con la misma seriedad porque siempre existe la posibilidad de que sea real.
Con 12 episodios registrados en apenas ocho meses de 2025, y un promedio de casi dos por mes, San Juan enfrenta un problema que ya dejó de ser anecdótico para transformarse en una amenaza constante a la seguridad y la convivencia.
