Garder Salud: Testigo clave complica aún más a la dueña
Marilina De la Fuente, propietaria de Garder Salud, enfrenta una situación judicial más delicada en el juicio por la millonaria estafa a la Obra Social Provincia (OSP), tras la declaración de una testigo que la acusó de ofrecer dinero para falsificar una prestación y posteriormente falsificar su firma.
Una nueva audiencia en el juicio por la estafa a la Obra Social Provincia (OSP) ha comprometido seriamente la situación de Marilina De la Fuente, dueña de Garder Salud. Una testigo clave declaró este miércoles que, hace aproximadamente un año y medio, De la Fuente le ofreció dinero para firmar una prestación domiciliaria para su padre que nunca se realizó. Ante la negativa de la testigo, la acusada habría falsificado su firma.
A raíz de esta grave acusación, el fiscal del Ministerio Público, Adrián Grassi, y el abogado de Fiscalía de Estado, Carlos Herrera, solicitaron la detención inmediata de De la Fuente, argumentando que estaría intentando entorpecer la investigación. Aunque el juez de Garantías, Matías Parrón, no accedió al pedido, se ha iniciado una nueva causa en la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Jáchal.
El caso Garder y sus imputados
La causa Garder Salud investiga a cuatro personas: Eduardo Guzmán, Marilina De la Fuente, Florencia Molina De la Fuente y la médica María Noel Becerra. Los tres primeros están imputados como coautores de 26 hechos de defraudación a la administración pública y adulteración de instrumento privado, mientras que Becerra es acusada como partícipe necesaria en un hecho.
El fiscal Grassi ha anticipado que solicitará penas de hasta 3 años de prisión condicional para los principales responsables y 2 años en suspenso para la médica. Sin embargo, Fiscalía de Estado buscará penas de cumplimiento efectivo dada la gravedad de los delitos. Las maniobras fraudulentas incluyen el cobro por prestaciones médicas y la entrega de insumos que nunca se concretaron, documentándose ocho casos de falsos módulos alimentarios y dieciocho internaciones domiciliarias inexistentes. Una auditoría externa de la empresa Nivel Salud fue fundamental para destapar el fraude, que derivó en la denuncia penal.
En el caso de Becerra, se le acusa de haber emitido una receta utilizando el recetario y el sello de otro médico, lo que implicaría una violación de normas éticas y legales.
