Caso Montilla: la Fiscalía considera que no hubo delito y pide el sobreseimiento
La Fiscalía concluyó que, aunque el magistrado tuvo una conducta considerada "llamativa", sus acciones no encuadran en un delito penal.
Tras casi un año de investigación, la Justicia penal solicitó el sobreseimiento del juez Roberto Montilla, quien había sido imputado por presunta usurpación de funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El pedido fue realizado por el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, quien sostuvo que, si bien la actuación del magistrado fue considerada "llamativa", no reúne los elementos necesarios para ser considerada un delito.
La solicitud se basa en el artículo 356 inciso 2° de la Ley 1851‑O, que establece que corresponde el sobreseimiento cuando el hecho investigado no encuadra dentro de una figura penal.
Durante la investigación se analizaron testimonios de policías, registros telefónicos y cámaras de seguridad donde se observa al magistrado ingresar a una dependencia policial fuera de su jurisdicción. Sin embargo, la Fiscalía concluyó que Montilla no llegó a emitir una orden judicial ni un acto administrativo que modificara la situación legal del detenido.
En ese marco, el Ministerio Público consideró que, aunque el juez pudo haber tenido una actitud impropia o extralimitada para su función, ese comportamiento no constituye un delito penal.
El caso generó fuerte repercusión pública a comienzos de abril, cuando el magistrado intentó intervenir en una causa por estafa en la que estaba detenido un hombre de 84 años. La investigación determinó que Montilla acudió incluso a la Comisaría 4ª, donde el detenido se encontraba a disposición de un juez de Flagrancia.
La imputación fue formalizada por la UFI Delitos Especiales y el juez Pablo León dispuso en ese momento la apertura de una investigación penal preparatoria por seis meses, plazo que vence el 14 de octubre.
No obstante, y ante la necesidad de incorporar nuevos elementos al expediente, se solicitará una prórroga del tiempo de investigación, decisión que deberá ser evaluada en una audiencia por el magistrado interviniente.
El episodio generó un fuerte impacto institucional, ya que Montilla había asumido como juez apenas en marzo de este año y la imputación se produjo pocas semanas después de iniciar sus funciones.
Además, durante el desarrollo del caso también se registraron otros cruces judiciales. Antes de la audiencia de imputación, Montilla intentó comunicarse con el fiscal de la causa, Iván Grassi, lo que fue interpretado como una irregularidad. Posteriormente, el magistrado presentó denuncias contra el fiscal por la difusión de los videos del episodio y contra personal policial de la Comisaría 4ª, aunque esas presentaciones fueron desestimadas o quedaron sin efecto.
